Una contundente respuesta del Estado

Eran las 4:00 a.m. del 16 de octubre de 2002, cuando militares de la IV Brigada, junto a hombres de la Policía Nacional, del CTI de la Fiscalía, el DAS y las Fuerzas Estatales Antiterroristas entraron a la Comuna 13. Las órdenes desde la Presidencia de la República eran claras: había que restablecer el orden, sacar a las milicias y a los Comandos Armados del Pueblo que llevaban casi una década atormentando a los pobladores.

Con la Operación Orión la Fuerza Pública tenía que ser más contundente, ya había fracasado en varios intentos de ocupar la comuna y en ellos había perdido hombres. A la 13 no podían entrar ni siquiera los gobernantes de turno, el alcalde Luis Pérez había sido sacado a plomo cuando intentó ingresar en un bus a tratar de imponer autoridad.

Hubo dos puntos de acceso: por San Javier y por Belencito. El objetivo de ambos contingentes era llegar a Las Pineras, un lugar deshabitado donde grupos armados se habían acomodado y desde donde operaban. Los helicópteros artillados hacían la avanzada. Ingresaron 1.500 hombres armados comandados por el general Mario Montoya, para el caso de los militares, y por el general Leonardo Gallego, para la policía. Llegaron desde Bogotá y Melgar para apoyar a los que ya estaban en la ciudad.

Durante toda la mañana, militares y policías respondieron al fuego de los francotiradores quienes se apostaban en las terrazas en las casas, salvaguardados por algunos pobladores, y disparaban sin importar la presencia de niños o ancianos.

El fuego fue sostenido durante varias horas y fue necesario acordonar la entrada para que nadie entrara ni saliera de los barrios. El Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres llegó a prestar atención prehospitalaria una cuadra antes del parque del Ajedrez. La emergencia fue atendida por cuerpos de socorro de Medellín y el Valle de Aburrá.

Hacia el mediodía el general Montoya explicó que “la operación Orión apenas comienza y nos vamos a quedar aquí hasta que se cumpla cada uno de los 100 allanamientos que tienen contemplada la Fiscalía, el CTI y el DAS para dar con los cabecillas de las milicias tanto de la guerrilla como de las autodefensas”.

En la tarde fue rescatado Fernando Molina, un comeciante secuestrado desde el 6 de octubre. Además, se incautó arsenal de guerra. Un total de 19 milicianos de la zona fueron capturados y llevados a los calabozos de la estación de Policía Laureles, donde fueron sometidos a las diligencias preliminares.

Día dos

En la mañana el presidente Álvaro Uribe se desplazó hasta Medellín. Realizó un consejo de seguridad extraordinario en el que participaron comandantes de todas las fuerzas que presentes en la operación, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y el alcalde de la ciudad, Luis Pérez.

Durante la tarde empezó a llegar la inteligencia, varios de los miembros del DAS y del CTI se pusieron el uniforme militar y taparon sus rostros con capuchas porque temían ser reconocidos por los milicianos y las represalias, también fueron vestidos así informantes, miembros de la comunidad que habían denunciado los desmanes de los grupos ilegales en los barrios a cambio de una recompensa económica. No llevaban ningún distintivo. Señalaban a las personas que sabían que estaban involucrados en las milicias y los CAP.

A las 3:30 p.m. los militares se enteraron de que, en medio del fuego cruzado, Elkin de Jesús Ramírez Vélez, de 27 años y seminarista de la Comunidad Menor Capuchina, había sido gravemente herido a causa de una bala perdida. Llegó muerto al Centro de Salud de San Javier.

La Fuerza Pública avanzó por los barrios hacia la zona alta de El Salado, hizo allanamientos en viviendas sospechosas y fue rescatada una joven, de 19 años, estudiante de la Universidad Eafit, quien permanecía secuestrada “en un hueco” improvisado en el barrio El Salado.

Cuando el pie de fuerza avanzó se encontró, frente al colegio Pedro J. Gómez, un bus cargado con explosivos y, a pocos metros, dos campos minados. Todo fue desactivado.

Luego de 41 horas de operaciones militares fueron capturados más de 48 integrantes de las milicias y los CAP, murieron 10 milicianos, y se decomisaron 20 fusiles y varios explosivos.

Lo que siguió

La Fuerza Pública logró el repliegue de las milicias. Por orden del alcalde se hizo todo el empadronamiento, casa por casa. Había que calcular los daños y verificar que no quedaran reductos de esas organizaciones criminales. También fue necesario, según la Alcaldía, decretar toque de queda, ley seca y restricción en el tránsito de motos.

Mientras eso ocurría y se realizaban nuevas capturas inició la reconstrucción de la comuna ya que varios servicios educativos y comunitarios se afectaron, así como los servicios de energía y telefonía.

Hasta el viernes 18, dos civiles, cuatro integrantes de la Policía y el Ejército, y 34 milicianos resultaron heridos; y fueron detenidos 179 personas acusadas de pertenecer a estos grupos ilegales armados.

El 22 de octubre inició la consolidación. El comandante de la Brigada, general Mario Montoya, hizo un recorrido por las principales calles de la comuna, donde fue vitoreado por varios habitantes que agradecían la intervención.

Fuentes:

-Archivo EL COLOMBIANO
-Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín
-Rafael Rincón, exdirector del Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres
-Defensa del Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el caso Yarce y otras contra el Estado Colombiano.

“Decían que era un castigo que el pueblo se había buscado”

La operación Orión sorprendió a los habitantes de la Comuna 13 entre las cobijas. Eran las 3 a.m., el 16 de octubre de 2002, cuando se desató una balacera que se extendió hasta que aparecieron los primeros rayos de sol.

Muchos amanecieron debajo de las camas abrazando a sus hijos y a sus mascotas, por instinto de supervivencia. Nadie se atrevía a mirar por la ventana. El Ejército y la Policía se convirtieron para los vecinos, desde ese día, en un grupo tan letal como los milicianos o los paramilitares.

El ingreso de las tropas fue así: al barrio 20 de julio, por la iglesia Las Bienaventuranzas y por el sector comercial conocido como salón rojo; a Nuevos Conquistadores lo rodearon subiendo desde El Salado, bajando por El Corazón y por Independencias III; a Belencito por la única vía por la que pasaron las tanquetas.

Los uniformados llegaban a los puntos claves y se regaban como hormigas por los callejones estrechos que surcan las montañas y conectan las casas.

Pasadas las 7 a.m. se escuchó al primer helicóptero retumbar en los techos y disparar desde el cielo. Los milicianos se atrincheraron y respondieron, sin importar que la población civil estuviera en el medio.

Los gritos, el llanto y la zozobra recorrieron los ranchos que en la mañana se vistieron de blanco porque el conflicto dio un respiro: la gente cubrió ventanas y fachadas con sábanas.

A pesar del clamor, los militares patrullaban los barrios para arriba y para abajo con gente de capucha y uniforme camuflado. Decían con esa voz imponente e impersonal que era un castigo que el propio pueblo se había buscado.

Los "capuchos" señalaban a quienes eran acusados de ser milicianos y la fuerza pública actuaba con violencia: empujaban, golpeaban y se llevaban a la gente sin orden judicial. Algunos terminaban en los CAI móviles que había en varios puntos de la comuna; otros, en el comando de Policía de Laureles, y para los menos afortunados el “paseo” incluía la tanqueta donde los torturaban mientras los interrogaban.

A los detenidos los insultaban. A muchos luego de tres o cuatro días los soltaban; otros, nunca regresaron y 15 años después se desconoce qué pasó con ellos.

Hicieron allanamientos desde el primer día, a las buenas o a las malas. No importaba si había niños en brazos o mujeres embarazadas. Lo primero que preguntaban era: “¿dónde está el hombre de la casa?”. Abrieron neveras y aprovecharon para comer mientras buscaban plata, drogas y armas.

Los helicópteros “le daban a lo que se moviera” y, por eso, en Orión murió gente inocente, víctimas de una guerra en la que el Estado se alió con los "paras".

Entre el primer y el segundo día no hubo mucha diferencia: balas iban y venían, ráfagas de fusil, detenciones arbitrarias, vecinos golpeados y sacados de sus casas. No hubo miembros de Derechos Humanos. Muchos no aguantaron y apenas pudieron se refugiaron en barrios cercanos como Calasanz, La América o La Floresta.

Todo el que vivía o estaba en esos días en la 13 era sospechoso de ser guerrillero. Así le pasó a Elkin de Jesús Ramírez Vélez, seminarista de la Comunidad Menor Capuchina, a quien tropas del Ejército fusilaron cuando se encontraba con su hermano en límites del barrio El Salado y Nuevos Conquistadores. Tres horas después fue llevado al centro médico de San Javier. Llegó sin signos vitales.

Las balas bajaron su intensidad al tercer día pero las detenciones arbitrarias continuaron durante semanas y muchas familias perdieron el rastro de sus familiares. Orión propició además la estigmatización hacia los habitantes de la 13. Algunos fueron calificados como bandidos y se quedaron sin trabajo. Lo que vino después fue el empalme: en la comuna empezaron a mandar los paramilitares.

Fuentes:

- Margarita Restrepo - habitante de El Corazón víctima de desplazamiento intraurbano y desaparición forzada. Integrante de Mujeres caminando por la verdad.
- Alexis Mena - habitante de Nuevos Conquistadores y líder comunitario de la 13
- Gloria Torres - madre víctima de desplazamiento forzado
- Declaración pericial de Michael Reed H. en el caso Yarce y otras vs. Colombia ante la Cidh

“Por camaradas traidores la guerrilla perdió la Comuna 13”

La guerrilla tenía claro que sus enemigos atacarían de forma brutal, y no solo por la alianza entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, sino por la traición de varios de sus cabecillas, que abandonando la causa subversiva se sumaron a las filas del bloque Cacique Nutibara de las Auc.

Entre los “fariseos” que planearon y coordinaron la Operación Orión estaban David Mesa Peña (alias “Gonzalo”), excabecilla del Epl; Severo Antonio López Jiménez (“Job”), antiguo miembro del Eln; Fray Martín Zapata Castaño (“Martín”), exintegrante de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo; y los hermanos “Elkin el Gomelo” y “Camilo”, excombatientes de las Milicias Populares de la Comuna 13.

Ellos reclutaron, a punta de verbo e intimidaciones, a decenas de guerrilleros del sector, que durante los días de la incursión en 2002 estarían guiando a las tropas y funcionarios judiciales, delatando las identidades y ubicaciones de sus antiguos camaradas.

La política de Seguridad Democrática, impulsada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, amenazaba con estrechar el cerco de los grupos guerrilleros en el país, y la capital antioqueña no era la excepción.

En los meses previos a Orión, la Fuerza Pública ejecutó 14 operaciones, que diezmaron los anillos de seguridad de las milicias. La arremetida de las Fuerzas Armadas por un lado, y de las Autodefensas por el otro, obligó a que se unieran tres grupos subversivos que actuaban en la Comuna 13 y sus alrededores: Las Milicias América Libre, que pertenecían al Eln y dominaban los barrios El Pesebre, Blanquizal, Villa Laura, La América y Las Independencias I, II y III; las Milicias Bolivarianas de las Farc, que operaban en Nuevos Conquistadores, San Javier, La Loma, Antonio Nariño y El Salado; y los Comandos Armados del Pueblo (CAP), con presencia en El 20 de Julio, San Javier, El Socorro, Belencito, El Corazón, Antonio Nariño, La Pradera, Santa Rosa de Lima, Metropolitano, Blanquizal, La Loma, Eduardo Santos, Vallejuelos, Olaya Herrera, La Quiebra, La Divisa, Betania, Fuente Clara y Cuatro Esquinas.

Varios grafitis y hostigamientos por parte de los “paracos”, les advertían a los insurgentes que lo peor estaba por venir, por lo que estas agrupaciones decretaron toque de queda, restringiendo la movilidad en la noche; instalaron retenes para los buses de servicio público y prohibieron el ingreso de desconocidos al área. Ni siquiera los técnicos forenses del CTI podían entrar al sector a recoger los muertos que dejaba el conflicto urbano. Las inspecciones a cada cadáver se realizaban en la Unidad Intermedia de San Javier, donde algún buen samaritano o la Policía bajaban los cuerpos en taxis y vehículos particulares.

La Comuna 13 era el último bastión de la extrema izquierda en la ciudad y había que conservarlo a como diera lugar. Era además un corredor estratégico para el transporte de armas, personal, drogas y recursos logísticos, con acceso a la Vía al Mar y conexión al Occidente Antioqueño.

Correr o morir

El 16 de octubre de 2002 los milicianos tenían dispuesta una línea de defensa de francotiradores, armados con fusiles AK-47. Estaban apostados en los sectores La Torre, La Invasión, Cuatro Esquinas, El Seis y San Michel.

Desde este último lugar, el 30 de mayo anterior, le habían hecho un atentado al alcalde Luis Pérez Gutiérrez y su comitiva, cuando subían a inaugurar una terminal de buses de San Javier. Varias ráfagas impactaron el bus en el que se desplazaban el mandatario local, parte del gabinete y algunos periodistas.

Por eso este fue uno de los primeros sitios copados desde el aire, con uno de los dos helicópteros Arpía que dispuso la Fuerza Aérea para la operación.

Las facciones atrincheradas no pudieron resistir el avance por tierra de 1.500 uniformados. En los primeros dos días de combate, 10 milicianos perdieron la vida en las calles. Otros sufrieron una suerte peor, pues fueron torturados y desaparecidos.

A varios los llevaron a la Casa Amarilla, en el sitio El Cebollal, del corregimiento San Cristóbal. Allí funcionaba una base del bloque Cacique Nutibara, liderada por alias “King Kong”. La sorpresa de los cautivos debió ser terrible cuando se daban cuenta que quien dirigía las torturas era un exmiliciano: “Elkin el Gomelo”.

Delatando a sus antiguos camaradas, el traidor se había ganado la confianza de “King Kong”, hasta convertirse en su escolta personal. Una de sus misiones era interrogar a los enemigos, por medio de vejámenes que terminaban con la muerte. Después los descuartizaba él mismo o entregaba los cuerpos a un hombre conocido como “el Duende”, quien no pertenecía a ningún grupo en particular, pero era experto en desmembrar personas.

Como los exguerrilleros que guiaban a la Fuerza Pública conocían la zona de memoria, “los capuchos” - como denominaban a los milicianos – no podían refugiarse en sus casas. La única opción era escapar de la Comuna 13.

Algunos, heridos de bala, se escondieron en un sistema de trincheras que habían construido en el último año, era un laberinto que conectaba 20 casas por medio de agujeros internos y paredes derribadas. Unos más lograron escabullirse disfrazados de monjas, simulando ser integrantes de la comunidad religiosa del convento de la Madre Laura. Otros fueron auxiliados por residentes del vecindario, simpatizantes de la insurgencia.

“Durante la Operación Orión, de día combatíamos a las fuerzas del Estado y de noche a los 'paras'”, comentó Fredi Alonso Pulgarín Gaviria, alias “la Pulga”, el único exintegrante de los CAP que se postuló al programa de Justicia y Paz.

Al amanecer del cuarto día, fraguó su escape. Un cabo del Ejército lo detuvo, pero no lo reconoció de inmediato, por lo que le dijo que se sentara en el suelo, mientras verificaba quién era. En un descuido del suboficial, una señora lo tomó de la mano y le advirtió: “mijo, váyase, que a casi todos sus compañeros los han matado con sus propias armas”. En compañía de esta mujer, bajó por las calles sin mirar atrás.

Después de la huida, Pulgarín Gaviria desertó de los CAP. Le ayudó en ese propósito una horrible casualidad: un colega suyo, también apodado “la Pulga”, había sido aprehendido por los paramilitares y llevado al barrio Olaya Herrera, cerca de una base militar. Allí lo liquidaron de un disparo en la parte trasera de la cabeza, que le voló los ojos, por lo que era difícil reconocerlo. Al final, le gente podría suponer que el muerto era Pulgarín y ningún enemigo iría a buscarlo.

Otros milicianos no contaron con ayuda del destino, ni sus familias, que fueron cazadas por los “paracos” solo por sospecha. La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía documentó, por ejemplo, el exterminio del clan Mejía Patiño, un grupo familiar localizado en límites de la comuna 13 con San Cristóbal.

Varios integrantes conformaron una banda de delincuencia común denominada “los Solines” y, una vez se recrudeció el conflicto, optaron por unirse a las milicias. Su capacitación en armas y estrategia corrió por cuenta de Jhon Fredy Sánchez Castrillón, alias “Esneider”, enviado al barrio por las Milicias.

“Los Solines” fueron perseguidos y exterminados, incluyendo a los miembros de la familia inocentes, que no quisieron formar parte de la confrontación. Entre el 28 de septiembre de 2001 y el 22 de diciembre de 2002, tres integrantes fueron desaparecidos, diez asesinados (entre ellos tres niñas) y siete desplazados. Los agravios se incrementaron durante Orión y muchos fueron ejecutados por “los Pecuecos”, un clan familiar vecino, que se alineó con las Autodefensas.

A “Esneider” lo desaparecieron el tercer día de la operación (octubre 19 de 2002). Hombres con prendas del CTI y el Gaula lo sacaron de la casa de su novia, Blanca Lilia Ruiz Marín, en el barrio 20 de Julio, lo subieron a una tanqueta junto a ella y se los llevaron. Ambos hicieron parte del primer grupo de desaparecidos reportados.

Otro caso fue el del adolescente Jorge Mario Monsalve Guarín, de 15 años, quien cursaba décimo grado y jugaba fútbol en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Vivía en El Salado, pero durante la Operación Orión su familia lo envió al corregimiento San Antonio de Prado, intentando protegerlo de la violencia.

Fue en vano, porque el 14 de noviembre de 2002 fue detenido allá por hombres armados, quienes lo llevaron de regreso a la Comuna 13 y lo obligaron a vestir un uniforme camuflado. El muchacho, aunque era ajeno a las disputas armadas, conocía el sector y tenía algunos amigos milicianos, por lo que un grupo de militares y “paras” lo obligaron a identificarlos.

Después de eso lo borraron de la faz de la tierra, como hicieron con cada vestigio de la guerrilla en Medellín.

Fuentes

- Sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en contra de Fredi Pulgarín (09/9/2016).

- Testimonios de Fredi Alonso Pulgarín Gaviria (“la Pulga”) y José Ediel González Jaramillo (“Robocop”), exmiembros de los Comandos Armados del Pueblo (CAP).

- Informes de Investigador de Campo del CTI sobre hechos que rodearon la Operación Orión.

- Informe de Investigador del Campo del CTI sobre la creación y expansión de las milicias en Medellín.

- Archivos de prensa.

- Entrevistas con investigadores judiciales.

ORIÓN, “UNA VERDADERA OPERACIÓN PARAMILITAR”

La semilla de la Operación Orión se sembró en 2001, durante una reunión del político y empresario Pedro Juan Moreno con dos de los principales cabecillas del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas: Daniel Mejía Ángel (alias “Danielito”) y Elkin de Jesús Loaiza Aguirre (“el Negro Elkin”).

En la cita les dijo que “había una preocupación por parte de muchos sectores” por la presencia de la guerrilla en la comuna 13 de Medellín, que los milicianos bajaban a delinquir hasta la avenida Ochenta y ejecutaban secuestros. Estas palabras tenían gran peso dentro de las filas paramilitares, según Diego Fernando Murillo Bejarano (“don Berna”), máximo comandante del Cacique Nutibara, quien se refirió al hecho en una versión libre del 16 de abril de 2015, ante la Fiscalía 15 de Justicia Transicional.

Narró que el empresario, quien había sido concejal, diputado, congresista y secretario de Gobierno de Antioquia, era considerado por las autodefensas como uno de sus principales consejeros, por lo que expulsar a los guerrilleros de aquel sector se convirtió en un imperativo.

De hecho, la 13 era la única comuna donde los paramilitares no dominaban el bajo mundo, tras arrasar con sus enemigos en el costado oriental de la ciudad.

Para las autodefensas, Orión fue apenas el clímax de una invasión que tomó un año de planeación.

Entre los paramilitares que participaron de este proceso, estuvieron: Héctor Fabio Jaramillo Cardona (alias “Fabio Orión”), mano derecha de “don Berna” en la cúpula del Cacique; Severo Antonio López Jiménez (“Job”), quien había sido miembro del Eln y conocía sus redes en la ciudad; David Mesa Peña (“Gonzalo”), excabecilla del Epl, quien daba órdenes desde la cárcel Bellavista; Daniel Mejía (“Danielito”), jefe militar de la organización; Elkin Loaiza (“Negro Elkin”), coordinador del bloque en el Occidente de Medellín; y Hernán Darío Aristizábal Ciro (“King Kong”), delegado del grupo para la comuna 13.

Según los testimonios rendidos por “don Berna” en sus versiones libres ante la Fiscalía también participaron el general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército; el general Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; el coronel Mauricio Santoyo Velasco, comandante regional del Gaula; y Uber Darío Duque Álvarez, jefe seccional de Investigaciones del CTI Medellín, entre otros.

En palabras de “don Berna”, “en el caso de Orión, diría que todos los organismos de seguridad de una u otra manera, por acción o por omisión, participaron, porque sin eso no se hubiera llevado a cabo este tipo de operación, yo diría que fue una verdadera operación paramilitar”.

Devorándose la comuna

Orión, desde la perspectiva paramilitar, tuvo tres fases de desarrollo: Infiltración, Retoma y Plan Pistola. La primera etapa fue entre diciembre de 2001 y septiembre de 2002. En este periodo, las Auc instalaron sus enclaves en la comuna, en unos casos irrumpiendo desde el corregimiento San Cristóbal y la comuna de Robledo, y en otros obligando a bandas locales a que trabajaran con ellos.

Los “paras” consolidaron redes en Las Independencias, El Salado, Eduardo Santos, San Pedro y Peñitas, y establecieron tres bases en La Arenera, La Loma (llamada “la Palomera”) y el vecino sector El Cebollal, de San Cristóbal. En este último lugar quedaba la Casa Amarilla, una finca desde la cual despachaba alias “King Kong” y gerenciaba un laboratorio para el procesamiento de cocaína.

Allí llevaban a los sospechosos de ser milicianos o sus colaboradores para someterlos a violentos interrogatorios. Según el relato del desmovilizado Jorge Enrique Aguilar Rodríguez (“Aguilar”), los sometían a choques eléctricos, inmersión en canecas de agua y ahogamiento con bolsas plásticas. Tras extraerles la información, los mataban de un balazo y los desmembraban, o los enterraban en fosas con el abdomen abierto de un tajo con cuchillo.

Mientras los paramilitares acopiaban datos de esta manera, como la ubicación de caletas, nombres de enemigos y localización de sus casas, la Fuerza Pública reunía información con otra estrategia.

Entre febrero y septiembre hubo 14 operaciones conjuntas, cuyo propósito no fue solo golpear a los integrantes de la guerrilla y su logística, sino posicionar todas las piezas en el ajedrez de la comuna para dar luego el jaque mate con Orión.

El infierno de Orión

El 16 de octubre de 2002 comenzó la segunda fase del plan, denominada la Retoma. Como se había acordado, la Fuerza Pública penetró en la comuna a las 4:00 a.m., ingresando desde el costado sur, donde los paramilitares tenían la base de la Arenera, al mando de alias “Leche”.

Las tropas avanzaron hacia el costado norte, haciendo un movimiento de cuchillo, que “cortó” a la comuna en dos: coparon, en medio de los gritos y los atronadores disparos, los sectores La Torre y Plan del Che. Otra columna de militares llegó desde El Corazón y bajó hasta Cuatro Esquinas, y una más descendió de Terrígenos hasta El Seis.

Estos escuadrones contaban con apoyo de dos helicópteros Arpía de la Fuerza Aérea, para tratar de disuadir a los francotiradores que los grupos guerrilleros tenían apostados en las terrazas.

El movimiento envolvente lo completaron las delegaciones judiciales, que fuertemente escoltadas y con órdenes de allanamiento subieron por la vía principal desde la iglesia de San Javier hasta Belencito y Curvitas.

Con varias de las escuadras iban uno o dos paramilitares, llamados “exploradores avanzados”. Su función era guiar a los servidores públicos hasta las residencias del enemigo e identificar a los milicianos. Algunos vestían uniforme del Ejército y otros de la Policía, según el escuadrón que les correspondía, pero todos sin excepción tenían el rostro cubierto con pasamontañas, en especial los que tenían familia o vivían en la zona.

“Yo presenté siete guías, la mayoría eran excombatientes de la guerrilla que se habían entregado a las Auc. Los recibió un hombre que llegó en una camioneta y dijo que venía de parte del ‘Negro Elkin’. No tenía uniforme ni escarapela, pero parecía ser de la ley”, relató el exparamilitar Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias “Móvil 8”, coordinador urbano del Cacique Nutibara.

Los “exploradores” no solo tenían la misión de señalar lugares y personas, sino desaparecerlas, y a juicio de “don Berna” la Fuerza Pública era consciente de ese asunto, “ellos sabían”.

“El objetivo era expulsar a la guerrilla, capturar a los que eran miembros de los diferentes grupos subversivos y que no volvieran a aparecer, porque sabíamos que si solo se capturaban, pues desafortunadamente luego serían puestos en libertad porque era muy difícil tener material probatorio para que la justicia los condenara”, explicó el jefe del bloque Cacique Nutibara.

Durante los tres días de combate, varios retenidos fueron llevados a la Casa Amarilla para el terrorífico interrogatorio. En particular, los verdugos querían información para dar con el paradero “del máximo comandante de las milicias, un tipo que habían trasladado de San Vicente del Caguán y nosotros sabíamos que estaba en la zona, pero parece que logró evadirse”, señaló “don Berna”, añadiendo que durante esas averiguaciones “hay muchas personas que por las buenas no van a decir las cosas, me imagino que ahí hubo lo que uno llama ‘apretar’, que es un término que se usa en la parte militar”.

Mientras estos vejámenes ocurrían en la guarida de San Cristóbal, en otros puntos de la comuna los señalados eran obligados a subir a camiones de la Fuerza Pública, y transportados a una finca del municipio de Santa Fe de Antioquia. Allí los masacraban y arrojaban los despojos al río Cauca. Se cree que al menos 50 personas padecieron ese destino.

En sus versiones libres, los paramilitares no reportaron muertes de sus hombres en los tres días clave de los enfrentamientos, pues por lo general la fuerza de choque de las autoridades se ocupaba de la confrontación directa. “Aguilar” contó que en una ocasión se vieron copados por las milicias y su comandante solicitó apoyo por radio a un capitán del Ejército; a los pocos minutos pasó el helicóptero Arpía y con varias ráfagas dio de baja a los contrarios y a otros los hizo huir.

Plan Pistola para todos

La tercera fase de Orión, el Plan Pistola, fue ejecutada en un 99% por las huestes paramilitares, que no solo quedaron enquistadas en la comuna 13 sino en todo el Valle de Aburrá. La prioridad era aniquilar los cabos sueltos, aquellos guerrilleros que hubiesen sobrevivido a tres días de asalto directo en el área.

Las autoridades documentaron al menos 10 de estos asesinatos selectivos, sin contar las desapariciones.

Los familiares de los rivales fueron desplazados por paramilitares como “Estartá”, “Saraviado” y “Contra”, quienes hacia finales de 2002 le reportaron 120 casas vacías a “Móvil 8”.

Lo paradójico es que el Plan Pistola no solo se aplicó a los guerrilleros, sino a los propios integrantes de las autodefensas que planearon y coordinaron la operación. En los seis años siguientes, a manos de sicarios y excompañeros fueron acribillados “Gonzalo”, “el Negro Elkin”, “King Kong”, “Danielito”, Uber Duque y “Job”. Incluso el político Pedro Juan Moreno murió en un accidente aéreo, en un extraño episodio que algunos, como el general (r) Rito Alejo del Río (condenado por vínculos con paramilitares), catalogan de homicidio premeditado.

De esta purga de maquinadores de la incursión logró escapar Héctor Fabio Jaramillo Cardona (“Fabio Orión”), refugiándose en Brasil. Se llegó a especular que su alias le dio el nombre a la famosa operación de retoma de la comuna 13, pero este es apenas uno de los cientos de secretos que quedaron enterrados con Orión.

Fuentes

- Sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en contra de siete integrantes del bloque Cacique Nutibara (24/9/2015).

- Versiones libres de los exparamilitares Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), Luis Adrián Palacio Londoño (“Diomedes”), Juan Carlos Villa Saldarriaga (“Móvil 8”) y Jorge Enrique Aguilar Rodríguez (“Aguilar”).

- Informe de Investigador del Campo del CTI sobre exhumaciones en la Comuna 13.

- Informe de la Fiscalía 45 de Justicia y Paz sobre la expansión de las Autodefensas en Medellín y su área metropolitana.

- Archivos de prensa.

- Entrevistas con investigadores judiciales.