Iniciar con los Programas de Desarrollo Territorial (Pdet) y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) no ha sido tarea fácil, porque la salida de las Farc como grupo armado de territorios que normalmente han padecido el conflicto no garantiza su pacificación, otras organizaciones coparon los territorios y amenazan a quienes los habitan.
“En puntos específicos ha habido amenazas, especialmente en el municipio de Tarazá, Antioquia, donde fue asesinado un líder muy importante, Miguel Ángel Pérez, quien fue uno de los promotores de los programas. Esas amenazas vienen de organizaciones criminales que buscan que no haya sustitución y que no haya erradicación, que la coca siga sembrada para que ellos se puedan lucrar económicamente”, reconoció, en diálogo con EL COLOMBIANO, Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto.
Así como en Tarazá las amenazas de Grupos Armados Organizados se sienten con fuerza en Nariño, que se ha convertido en una bomba de tiempo para el Gobierno, ya que en ese departamento se concentra la mayoría de hectáreas cultivadas con coca.
El sur de Cauca ha sido otro de los grandes afectados, según Pardo, las amenazas en este caso son dirigidas por el Eln con el mismo interés: conservar las plantaciones ilícitas.
Este diario conoció que la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) se opuso a los Pdets en Anorí, Antioquia, argumentando problemas con la erradicación forzosa de cultivos; sin embargo, Pardo dijo que, al contrario, son aliados.
Sustitución y desarrollo
En el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se acordaron dos puntos para transformar el campo: la Reforma Rural Integral y la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Y ambos objetivos van de la mano, no se puede sustituir cultivos de coca sin llegar con programas de desarrollo que permitan a las comunidades salir de ese negocio, explicó el alto consejero.
Y ahí es donde radica el problema, los grupos armados pueden estar de acuerdo con que las comunidades cuenten con mejores condiciones de vida, pero que no les toquen el negocio.
Luis Eduardo Celis, asesor de Posconflicto de la Redprodepaz, explicó que el aumento de los cultivos de uso ilícito tiene muy satisfechos a los grupos armados, el mercado está demandando droga constantemente y tienen, especialmente cerca del Pacífico, todo para abastecerla. “Ellos van a defender ese negocio a sangre y fuego”.
Así es como varios de los lugares que el Gobierno priorizó para que vivieran la paz prometida en el posconflicto reciben otra oleada de violencia de cuenta de nuevos grupos armados (ver infografía).
De acuerdo con Celis, a la “institucionalidad le cogió la tarde, el Estado es muy lento para actuar” y permitió que estos grupos se asentaran en los territorios, es decir, llegaron primero los ilegales que las fuerzas estatales.
Recomendaciones
En su informe “Coca, instituciones y desarrollo”, Dejusticia aseguró que “en las zonas de disputa o con hegemonía de las Bacrim, es necesario redoblar esfuerzos de inteligencia y de persecución penal que apunten al desmonte de sus estructuras, sus vínculos con la política y la economía legal, y a la persecución de sus capitales ilícitos”.
Y recomendó al Gobierno construir confianza con las comunidades, brindando garantías jurídicas de que no habrá persecución penal o represalias en su contra.
Pero también hay que entender, como dijo Celis, que en el negocio de la coca hay dos componentes: la población que la cultiva para subsistir y las mafias organizadas, que viven dentro de las comunidades y se enriquecen con el negocio.
“Es necesario una estrategia sin precedentes para movilizar cuantiosos recursos públicos y privados, y transferir insumos y conocimientos de otros sectores de la sociedad. De manera que en el mediano plazo se supere la exclusión social y productiva en la que vive la población de estos municipios”.
En conclusión, debe, con urgencia, llegar el Estado: el Ejército y la Policía, pero también de desarrollo, para no permitir nunca más que el campo se empobrezca por culpa del conflicto.
serían los disidentes de las Farc que no se acogieron al Acuerdo con el Gobierno.
Contexto de la Noticia
En el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se consignó que el campo en Colombia se tiene que transformar, que la brecha entre lo rural y lo urbano es injusta y para eso la Agencia para la Renovación del Territorio diseñó los Pdet, para los que se priorizaron 170 municipios del país. Cada una de estas localidades se beneficiará con 2.000 millones de pesos que serán invertidos en pequeñas infraestructuras comunitarias: mejoramiento de la escuela, la construcción de la caseta comunal, una cancha, mejoramiento del acueducto o el alcantarillado, entre otras obras que pueden ser priorizadas en las comunidades. Actualmente van 418 iniciativas priorizadas en 156 núcleos veredales. Además, algunos de esos municipios obtendrán 50 kilómetros de vía pavimentada, hasta ahora van 39.624 millones de pesos contratados en 45 convenios interadministrativos. Hasta el momento para los Pnis 19.402 familias han firmado convenios de sustitución voluntaria de cultivos para un total de 12.023 hectáreas (al 23 de octubre de 2016).
