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Demandas de líderes costarían $206.463 millones
La Contraloría llamó la atención por los litigios contra el Estado por las amenazas a los defensores de Derechos Humanos.
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Entre 2015 y 2017 hubo 24 atentados a personas con protección, que dejaron 13 muertos según la UNP. FOTO jULIO CÉSAR HERRERA
09 de agosto de 2018
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Por una política integral estatal para proteger a los líderes sociales amenazados en Colombia abogó el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, al revelar la cantidad de demandas en contra la nación por este asunto.
Según cifras de la entidad a su cargo, en contra de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han interpuesto 105 demandas por hechos referentes al retiro o la negación de un esquema de protección entre 2012 y junio de 2018. Las pretensiones alcanzan un valor de 206.463 millones de pesos
De estas, 43 fueron dirigidas a la UNP por $80.557 millones, y las 62 restantes, por $125.906 millones, contra el extinto DAS, que hasta su liquidación estuvo encargado del servicio de escoltas.
Asimismo, recalcó que para el periodo de estudio 2015-2017 por la Contraloría Delegada para el Sector de Defensa, Justicia y Seguridad, se presentaron 403 acciones de tutela por inconformidad en decisiones tomadas por autoridades encargadas de evaluar el riesgo frente a temas de protección. De estas, 176 ordenaron implementación de esquemas por valor de 19.164 millones de pesos, que representan 2% del total de los recursos de la entidad.
Maya Villazón advirtió que las acciones ejecutadas por el Gobierno en este tema han sido insuficientes para brindar planes de protección a personas valoradas con riesgo extraordinario y extremo, y por ello, llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer medidas para no afectar los intereses patrimoniales del Estado.
Responde la UNP
En conversación con EL COLOMBIANO, el saliente director de la UNP, Diego Mora, dijo que hasta el momento las peticiones contra la entidad que dirige no han sido falladas en contra, y que el monto enunciado por el contralor, no dejan de ser solo pretensiones.
“No todas las demandas son por muertes o amenazas de líderes. En ese compilado se incluye todo, choques de vehículos de protección en los que el conductor pudo tener responsabilidad”, aseveró.
De la misma forma, Mora reveló que hasta el momento solo existe una demanda fallada en contra de la UNP por temas de falta de protección para una persona amenazada.
Se trata del caso de Luis Carlos Cervantes, el llamado “periodista más amenazado del país”, asesinado el 12 de agosto de 2014 en Tarazá, Antioquia, solo un mes después del retiro de su seguridad.
El sustento del fallo reside en que la UNP habría retirado la escolta porque Cervantes llevaba más de un año sin ejercer como periodista amedrentado por las amenazas, sin contemplar que aún se mantenía el peligro.
La condena, conocida el 1 de junio pasado, establece que “puede concluirse que existió una falla en el servicio”. Por ello, obligó a la UNP a pagar más de 1.057 millones de pesos de indemnización a la pareja, hijo, madre y los 13 hermanos de la víctima.
Mora agregó al respecto que el fallo fue apelado y están a la espera de que se resuelva en los tribunales. “De las 105 demandas que reporta la Contraloría, solo hay ocho que corresponden a muertes de líderes o defensores de derechos humanos”, agregó el funcionario.
Recordó que solo hasta diciembre del año pasado se creó una ruta colectiva dirigida para la protección de grupos en riesgo, como son los consejos comunitarios. Sin embargo, fundamentalmente la misión de la UNP es “una defensa integral individual”.
Según la Contraloría, para el periodo entre 2015 y 2017, el Gobierno destinó 1,71 billones de pesos para la implementación de esquemas de protección para personas en riesgo.
La Fiscalía habilitó la línea 350 6011181 y el correo recepcion.amenazas@fiscalia.gov.co para atender denuncias sobre amenazas a líderes, defensores de derechos humanos y periodistas.
El último informe de la Defensoría señala que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018 fueron asesinados 333 defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.
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