El pasado 20 de julio, en la instalación de la nueva legislatura, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que, en el trascurso de este semestre, el Gobierno presentará a consideración del Congreso el proyecto de Ley de “reforma tributaria estructural”.
Esta declaración es de gran importancia pues, según el Presidente, con la reforma se busca “generar ingresos fiscales” que, al tiempo que “garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas”, le permitan al Gobierno continuar con la ejecución de los programas sociales que adelanta.
Pero, para hacer aún más claro que lo que se busca es afectar la estructura actual del sistema tributario del país, señaló que se trata de “una reforma que mejore nuestro sistema impositivo, haciéndolo más progresivo, más equitativo, más simple y más eficiente”.
Este anuncio representa una gran avance pues, aunque de tiempo atrás los especialistas y las diversas entidades nacionales e internacionales han señalado la necesidad de llevar a cabo una reforma estructural, hasta el presente ello no ha sido posible, pues los esfuerzos de los gobiernos se han centrado en la generación de mayores recaudos e ingresos.
Por ello no resulta extraño que la Comisión de Expertos Tributarios, que rindió su informe el pasado mes de diciembre, pusiera en evidencia la compleja e ineficaz estructura tributaria que se tiene y que recomendara la aplicación de una reforma estructural.
Las recomendaciones de este grupo de especialistas “apuntan sobre todo a lograr una mayor equidad de la política fiscal en lo relativo a los impuestos” y a conseguir “una mayor simplicidad y eficiencia tributarias”, de tal forma que se avance en “materia de inversión, empleo, crecimiento y competitividad”.
A pesar del anuncio presidencial, hasta ahora no se conoce el contenido detallado del articulado de la reforma y tampoco se sabe la fecha de su presentación al Congreso.
Lo que sí se conoce es que han sido los miembros de la Comisión de Expertos Tributarios los que, a lo largo de este año, han venido divulgando y discutiendo las recomendaciones del estudio que adelantaron.
Entre sus propuestas está la de gravar los dividendos y a las fundaciones sin ánimo de lucro, simplificar y aumentar el impuesto a la renta, reducir las exenciones tributarias y aumentar el impuesto al valor agregado.
En cuanto a la tributación directa, antes que aumentarla, lo que se busca es recomponerla. Para tal fin se propone subir el impuesto a las pensiones, reducir las exenciones a las inversiones financieras y bajar los niveles de tributación a las empresas.
La Comisión considera necesario que estos ajustes vayan acompañados de “esfuerzos por fortalecer la administración de impuestos, de manera que se combatan con éxito la evasión y la elusión”.
Es claro que, al momento, el Gobierno no tiene mucho margen de maniobra para alejarse de la propuesta y las recomendaciones de la Comisión de Expertos y más cuando el tiempo para una eventual aprobación de la reforma por el Congreso va a estar supeditado a la fecha de la firma del acuerdo con las Farc y al de la votación del plebiscito.
Dado el complejo y calamitoso escenario fiscal que se tiene hacia adelante y los graves riesgos que representa no adelantar una reforma de corte estructural o no aprobarla este año, es de esperar que el Gobierno mantenga su promesa, expresada en boca del propio Jefe de Estado.
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