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La economía colombiana enfrentó desde julio de 2014 una disminución de sus términos de intercambio (precio de las exportaciones sobre el precio de las importaciones), como consecuencia de la caída en el precio del petróleo.
Nuestros socios comerciales, varios afectados por el mismo fenómeno, redujeron sus importaciones. Estos sucesos llevaron una disminución severa de los ingresos externos de Colombia y afectaron el crecimiento de la economía, así como las cuentas fiscales (el déficit del gobierno paso de 2,4 % del PIB en 2013 a 4 % en 2016) y la posición externa del país (el déficit en la cuenta corriente paso de 3,4 % del PIB en 2013 a 4,4 % en 2016). A ese panorama complejo, se agregó en 2015-16 un fenómeno de El Niño que disparó la inflación, hasta bordear el 9 % en julio de 2016.
Ante las nuevas condiciones, la economía debió ajustarse. La flexibilidad de la tasa de cambio, característica del actual régimen de política monetaria, permitió que esa variable actuara como amortiguador de los nuevos choques. La depreciación real que se produjo generó un pequeño impulso a las exportaciones y una reducción de las importaciones.
Aun así, el camino que quedaba para culminar el indispensable ajuste era difícil. La autoridad monetaria, en particular, enfrentó varias disyuntivas (Véase el último Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso). En un primer momento, no respondió a las presiones inflacionarias provocadas por la devaluación de la tasa de cambio y los factores climáticos, por considerarlos eventos transitorios. También, tuvo en cuenta el efecto negativo que tendría un aumento de la tasa de interés sobre el crecimiento. Cuando los aumentos en los precios comenzaron a propagarse, se inició, en septiembre de 2015, un ciclo alcista de la tasa de interés que se prolongó hasta diciembre de 2016, cuando se consideró que la inflación estaba cediendo.
El efecto de la reducción del precio del petróleo sobre las finanzas del Gobierno fue devastador. El Gobierno debió concentrarse en reemplazar las rentas petroleras, por medio de dos reformas tributarias en 2014 y 2017, y en controlar el gasto público. El propósito de reducir el déficit del 4 % del PIB que se había registrado en 2016, se pudo cumplir y en 2017 este cerró en 3,6 %.
Según el Informe de marzo, para la autoridad monetaria la economía terminará de hacer su ajuste, en el presente año. Eso significa que se está aproximando a un equilibrio de largo plazo caracterizado por una tasa de inflación en la meta (a marzo pasado era 3,14 %) y un déficit de cuenta corriente sostenible (en 2017 fue 3,3 %) y con un crecimiento en recuperación. Esto es posible porque existen vientos de cola que impulsan hacia adelante a la economía: la situación de la economía global ha mejorado y el precio del petróleo está aumentando. Se espera también un impulso a la inversión por cuenta del programa 4G y de la reducción de la tasa de interés de política. De otro lado, los hogares también han superado el efecto negativo que sobre su gasto tuvo la reforma tributaria de 2017.
Existen hoy mejores perspectivas para la economía colombiana que las que se tenían hace cuatro años. Persisten, sin embargo, problemas estructurales de productividad que frenan el crecimiento. Una tarea urgente para el próximo gobierno.