No tengo la menor duda de que hay un verdadero acuerdo para sacar al procurador Alejandro Ordóñez de su cargo. Se que él tiene los datos precisos de los nombramientos que ha hecho el Gobierno a gente recomendada por los consejeros de Estado. Y debe darla a conocer. Y también tiene muy clara la historia de la manipulación de las diversas ponencias que desde la original que presentó el consejero Alberto Yepes, hasta la última, diametralmente opuesta, preparada por el mismo magistrado.
También está claro que el asunto prioritario por el cual se quiere sacar al procurador del camino es por sus posiciones frente al proceso de La Habana. Y por supuesto que también puede haber temor porque siendo un funcionario tan independiente y habiendo tantas acusaciones de corrupción, pues se pretendan evitar posibles sanciones.
Yo no puedo asegurar si el procurador también ha hecho nombramientos para pagar favores, es posible que sí. Pero otra cosa es que un Gobierno haga nombramientos para comprar un fallo conforme a sus intereses. Eso es estremecedor, eso aterra.
Ahora bien, es posible que algunos consejeros, ante lo que ya se sabe, recapaciten y que la salida del procurador no sea tan segura como la da por hecho el Gobierno.
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