La crisis en la Justicia es tan grave que es muy difícil que encuentre cauces de solución dentro del funcionamiento regular de las instituciones. Hay que acudir a un remedio extraordinario. Una vía es la renuncia generosa de los actuales magistrados de la Corte Constitucional, para permitir que surja otra con suficiente autoridad y respetabilidad moral, entre otras cosas para abordar el gran tema de la jurisdicción constitucional, como es la revisión de los eventuales acuerdos de paz con la guerrilla. Esto deberá ir acompañado de una gran cruzada nacional de opinión pública, para darle paso al surgimiento de una Corte de emergencia, transitoria, que por un término máximo de dos años enfrente los grandes problemas del ordenamiento, y que dé oportunidad al estudio de una buena reforma constitucional a la Justicia.
Porque nadie debe olvidar el origen de esta gran crisis, que fue la del olvido deliberado de la Constitución por parte de todos y cada uno de los poderes públicos: el Gobierno, el Congreso, el fiscal general de la Nación, la propia Corte Constitucional. Esta creó una cultura de casta privilegiada volcada sobre sí misma, sin controles, al investirse como una aristocracia de poder hipertrófico que muchas veces omite aplicar la Constitución.
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