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Columnistas | PUBLICADO EL 17 abril 2022
¿La vida no vale nada?
Hacía mucho tiempo que una operación del Ejército Nacional no causaba tanta controversia e indignación a nivel nacional e internacional.
Por Juan José Hoyos - redaccion@elcolombiano.com.co
Hablando de la matanza del Putumayo, ocurrida el pasado 28 de marzo, en la que murieron 11 personas, el ministro de Defensa Diego Molano ha dicho que la operación “no fue contra campesinos, sino contra disidencias de las Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”. También dijo que “a los ‘inocentes civiles’ se les incautó arsenal de guerra: granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”.
Los testimonios de los sobrevivientes publicados por los periodistas que visitaron la zona, la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen todo lo contrario.
Según esos testimonios, soldados disfrazados de negro rodearon la vereda El Remanso, donde se celebraba un bazar para recoger fondos con destino al mejoramiento de un camino, y dispararon en forma indiscriminada contra hombres, mujeres y niños que al amanecer del lunes todavía se encontraban en la fiesta. Algunas de las víctimas, de acuerdo con los testimonios, fueron rematadas con disparos hechos a corta distancia.
En la matanza murieron Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena de El Bajo Remanso; Divier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal, y su esposa, Ana María Sarria. También murió el joven de 16 años Brayan Parra. Su madre, Rosita Pianda, dijo a los periodistas de Caracol que su hijo no solo era menor de edad, sino que no tenía nada que ver con los grupos disidentes guerrilleros.
Después de la matanza, de acuerdo con los testigos, los soldados arrastraron los cuerpos y a algunos les pusieron armas cerca para simular que eran combatientes. A una de las mujeres, que llevaba una biblia en un bolso, se la cambiaron por un radio.
Hacía mucho tiempo que una operación del Ejército Nacional no causaba tanta controversia e indignación a nivel nacional e internacional. Ahora hay que sumar a la masacre las intimidaciones y amenazas contra los periodistas que la han denunciado.
Por esta operación, la actuación del Ejército ha sido puesta en tela de juicio por la Onu, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y parlamentarios de los partidos de oposición, que ya aprobaron debatir una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, acérrimo defensor de la operación.
Yo me pregunto: ¿Si era una operación legítima, por qué los soldados llegaron disfrazados con uniformes negros simulando ser guerrilleros, como lo han mostrado las imágenes tomadas por los sobrevivientes? ¿Por qué los oficiales que comandaban la operación afirmaron falsamente que habían llegado al lugar acompañados de funcionarios de la Fiscalía? ¿Por qué los fiscales encargados del levantamiento de los cadáveres solo llegaron al lugar un día después de los hechos? ¿Qué sucedió mientras tanto? ¿Hubo manipulación de los cuerpos de las víctimas para simular que estaban armados? ¿Es lícito disparar contra un grupo de civiles desarmados para tratar de capturar o dar de baja a uno o varios insurgentes, poniendo en peligro la vida de niños, mujeres y hombres ajenos a la confrontación armada?
Creo que tiene razón el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), en su informe “Retos humanitarios 2022”, cuando lamenta que grupos armados en las zonas de conflicto “estén irrumpiendo en los hogares, escuelas, centros de salud y lugares de culto, sin respeto alguno por el principio de precaución, uno de los ejes del derecho internacional humanitario”.
La masacre del Putumayo hace pensar que tal vez la peor secuela que nos ha quedado de tantos años de guerra contra la insurgencia armada y el narcotráfico es el menosprecio por la vida humana. Hoy, en Colombia, la vida de la población civil —que se halla entre dos fuegos en las zonas cocaleras y con presencia guerrillera— literalmente ¡no vale nada!
