viernes
7 y 9
7 y 9
Colombia se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para denunciar la violación de algún derecho fundamental o para reclamar su cumplimiento. También encabeza la lista de los cinco países de Latinoamérica más peligrosos para los defensores de los derechos humanos.
Así lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 2021, publicado la semana pasada y cuyas conclusiones han pasado casi inadvertidas en medio de las disputas y los escándalos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Según las cifras del informe, 147 líderes de derechos humanos fueron asesinados en 2021 en América Latina. En los primeros meses de 2022, la situación ha empeorado, según otro informe preliminar de la Comisión. Al menos 89 defensores han sido asesinados en los primeros cuatro meses del año. 82 de ellos han muerto en Colombia
La mayoría de las víctimas eran defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente o eran líderes de comunidades indígenas de regiones en las que hay disputas territoriales entre los grupos paramilitares, las guerrillas y el Ejército nacional.
Y mientras el carrusel electoral gira y gira sin parar, esta semana fueron asesinados tres líderes más en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
El primer crimen ocurrió el pasado martes 7 de junio en Cali. Allí, dos hombres armados entraron en la casa de la líder social del Chocó Jesusita Moreno, situada en el barrio La Floresta, y le dispararon hasta matarla. En la casa se celebraba el cumpleaños de su hijo. Doña Jesusita tenía 60 años y había llegado a Cali dos semanas antes para asistir a un tratamiento médico.
La víctima era una líder reconocida en Noanamá, un corregimiento a orillas del río San Juan, donde nació y vivió la mayor parte de su vida. Allí encabezó una labor de resistencia frente a los grupos armados que ocupan la zona desde el año 2000, actuando siempre en defensa de las comunidades negras y el respeto a la vida.
Su labor humanitaria fue reconocida por casi todos los grupos. Esto la convirtió en una mediadora exitosa en la liberación de varias personas secuestradas en esa región. “Salvó cientos de vidas con su actividad comunitaria”, dijo la Comisión Intereclesial, quien la llamó una “guerrera” de los derechos de su gente.
Durante los últimos meses, en su pueblo, Jesusita estuvo coordinando la ayuda humanitaria a más de 300 desplazados provenientes de varios caseríos del río San Juan, donde se presentaron combates entre las autodefensas del Clan del Golfo y el Eln.
El segundo líder asesinado esta semana fue José Ernesto Cuetia, dirigente indígena del cabildo de Miranda, vinculado a las luchas de las comunidades de La Playa, Naya y el resguardo de Buenos Aires. Cuetia salió de su casa y luego apareció sin vida en el corregimiento El Llanito.
La tercera líder asesinada es Clara Isabel Samudio, del corregimiento San Joaquín, en Mercaderes, Cauca. Hombres armados le dispararon en las instalaciones del colegio donde trabajaba como guarda de seguridad.
Samudio, de 34 años, participaba en labores sociales que buscaban beneficiar a los campesinos del corregimiento, ayudando a recoger fondos y productos agrícolas para las familias más pobres.
Son tristes todas estas muertes. Y las cifras son vergonzosas. Ya suman 1.312 los líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Las organizaciones de derechos humanos dicen que en el primer semestre de 2022 se han cometido ya 45 masacres y en el primer trimestre se presentaron más de 3.000 homicidios.
Mientras tanto, a espaldas de esta tragedia que provoca dolor y vergüenza, y sin que ningún candidato se dé por enterado, el carrusel de las elecciones sigue girando sin parar