Si bien la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrenta actualmente el proceso de juicio político en el Congreso (por irregularidades en las cuentas fiscales que presentó su gobierno en el balance de 2014), la mandataria no había sido vinculada directamente al escándalo de Petrobras. La situación empezó a cambiar hoy con la petición de la Fiscalía de Brasil al Tribunal Supremo de Justicia para investigar a la presidenta en ese caso.
El ente sospecha que Rousseff, junto a su padrino político Lula da Silva, y en confabulación con el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, intentó “obstruir las investigaciones” sobre la trama corrupta de la petrolera estatal.
En caso de que la alta corte avale la solicitud, la precaria situación del gobierno se complicaría aún más, en medio de crisis económica, polarización ciudadana y distintas investigaciones por corrupción.
La solicitud será analizada por el juez Teori Zavascki, y la evidencia que presenta se basa en unas grabaciones de llamadas telefónicas entre Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que son secretas.
Medios brasileños informaron que el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, está avanzando rapidamente en la investigación en gran medida por el testimonio del senado Delcidio do Amaral, implicado en la trama pero que decidió colaborar a cambio de beneficios.
Regístrate al newsletter