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Ecuador es escenario de un aumento de casos de xenofobia tras el asesinato de una mujer embarazada durante el fin de semana en la ciudad de Ibarra. Y es que, según la información preliminar, el victimario fue su pareja, un hombre de ciudadanía venezolana que había migrado al país. El homicidio se habría presentado el sábado 19 de enero en plena calle, al parecer en presencia de policías y ciudadanos.
Desde entonces, se desencadenaron una serie de ataques contra migrantes venezolanos. El presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, denunció que 82 de sus compatriotas han sido víctimas de agresiones xenofóbicas en distintas ciudades del país.
La respuesta del presidente de Ecuador, lejos de césar los ataques xenófobos, fue blanco de cuestionamientos de la comunidad venezolana debido a que el ejecutivo decidió exigirles a partir de ahora a los migrantes un certificado apostillado de antecedentes penales.
Una demanda que es “casi imposible” de tramitar en Venezuela pues podrían esperar “no menos de seis meses” en su país para obtener el documento, según el presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (Acve), Daniel Regalado.
Fue tal la incertidumbre generada por la xenofobia en contra de los migrantes –quienes están en el país huyendo de la represión y falta de oportunidades que hay en Venezuela por culpa del régimen de Nicolás Maduro– que el canciller de ese país, Jorge Arreaza, calificó de “inexcusable” e “irresponsable” la respuesta de Moreno que, según el gobierno de Maduro, pretende establecer una “insólita correlación entre la violencia contra la mujer en Ecuador y los ciudadanos de nacionalidad venezolana”.
Tras el crimen, decenas de ciudadanos salieron a las calles de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura y, de acuerdo a algunos testigos citados por medios locales, se dirigieron a puntos donde se conoce que pernoctan migrantes venezolanos.
“El comunicado del presidente Moreno instigó una espiral de violencia xenófoba contra la comunidad migrante venezolana en el Ecuador y corresponde a su Gobierno la obligación de preservar la integridad y la vida de los venezolanos en ese país”, concluyó Arreaza.