Indudablemente, el buen manejo que lleva la economía colombiana le da puntos favorables a la administración Santos.
Si bien es cierto que el crecimiento del 5% en el primer trimestre aún es bajo frente al ritmo de aumentos que llevan economías de la región como la chilena, la peruana y la brasilera, aquella tasa es bastante significativa cuando Colombia atravesó plagas intensas como la del invierno, que ha impedido repuntes tan básicos para el incremento del PIB, como el de la agricultura.
Pero en la misma forma en que el país se complace en la gestión económica -destacada además por las tres grandes calificadoras de riesgo que miden la seriedad y fortaleza financiera de las naciones-, tenemos que deplorar la decadencia que viene sufriendo la seguridad ciudadana.
Hay síntomas inquietantes y que no se pueden soslayar, que ponen de presente que la seguridad es un frente, cuya situación muestra grietas preocupantes. Pareciera que se estuviera bajando la guardia y que la herencia de la Seguridad Democrática estuviera cayendo en barrena.
Como consecuencia de este inocultable infortunio, en la misma encuesta Gallup en la que se realza la gestión económica de Santos, aparece la indisimulable percepción de una mayor inseguridad en el país. Inseguridad que no solo crece de acuerdo con los últimos sondeos de opinión, sino que se evidencia como el mayor problema de los que hoy atraviesa Colombia, en concepto de los encuestados.
Esta situación de empeoramiento serviría como cabeza de proceso para abrir juicios de responsabilidades sobre quienes como autoridades del Gobierno van dejando chamuscar por el fuego lo que se creía que, como Seguridad Democrática, era una política irreversible de Estado.
Si pierde eficacia y confianza el compromiso de vigorizar la seguridad ciudadana, el crecimiento económico podría perder sostenibilidad y bajar de ritmo. Retornar a aumentos modestos del PIB, no solo perjudicaría la producción nacional, sino que volvería a estimular el incremento del desempleo que en los últimos meses ha rebajado, así no sea en índices significativos.
Un eventual recrudecimiento de la violencia -cuarenta buses y camiones incendiados y atracados, noventa y cuatro ataques de la subversión en diferentes lugares del país, asesinatos y secuestros en carreteras- no sería una sana contabilidad para proclamar la vigencia de las teorías del Buen Gobierno o las de exitosa estrategia de prolongar una mayor inversión foránea y nacional.
Pensamos que el país está lleno de recomendaciones, estudios, mesas redondas y de trabajo, para analizar más y más las causas objetivas y subjetivas de la violencia.
Esta se encuentra sobrediagnosticada. En medio de tantas discusiones, de no pocos estériles alegatos, el orden público se deteriora y las alarmas se van encendiendo en distintas regiones del país, por falta de voluntad y decisión política. Inseguridad que podría, ante la pasividad oficial, poner en vigencia la célebre ley de Murphy de que toda situación por mala que sea, es susceptible de empeorar.
Un 74% de los encuestados por Gallup que opina que la inseguridad está aumentando frente a un solo 18% que estima que no, es la mejor muestra para argumentar que las cosas en este frente se deterioran.
Y en consecuencia, insistir en que es necesario estimular nuevamente a las fuerzas institucionales del orden, en su misión constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos.
Sin acosarlas más con tantas leguleyadas que limitan y desestimulan su acción y les hace perder el fervor y la mística en la misión de ser celosos guardianes de la sociedad.
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