Apenas dos días después de haber dado su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis de Honduras propiciada por el golpe de Estado, el presidente depuesto Manuel Zelaya y el Gobierno de facto dirigido por Roberto Micheletti comenzaron a discrepar ayer sobre los términos y los plazos del pacto.
El punto de la discordia volvió a ser sobre la restitución en el poder del mandatario derrocado. El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que es el Congreso el que deberá resolver sobre si Zelaya regresa o no al poder.
El destituido gobernante aseguró ayer que no acepta que se ponga en duda su presidencia, ya que fue electo por el pueblo, y que si el Legislativo vota en contra de su restauración no se ha hecho "absolutamente nada más que burlar a la comunidad internacional y burlar al pueblo hondureño con este acuerdo".
Sin embargo, el Gobierno de facto afirma que "la restitución del señor Zelaya no es automática" puesto que "se requiere un voto favorable del Congreso" y que el pacto "no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso".
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