El asesinato, en Córdoba, de los estudiantes universitarios Margarita Gómez, de 23 años, y Mateo Matamala, de 26, no solo produce dolor e indignación, sino que nos devuelve a la época de inseguridad que vivió el país durante los años en que la guerrilla y los paramilitares suplantaron la autoridad del Estado.
Que terminasen asesinados dos jóvenes que adelantaban sus investigaciones académicas y hacían su trabajo de campo, es síntoma de la descomposición social que aún persiste en Colombia, no obstante los inmensos avances que en materia de seguridad y derechos humanos se lograron durante la administración Uribe. Es urgente esclarecer los hechos y dar con los responsables, porque el país no puede regresar a la ley de la selva que quisieron instaurar los grupos armados ilegales.
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