La Federación Colombiana de Departamentos había preparado -con la ayuda de distinguidos expertos- un notable trabajo que revisaba en su integridad la tributación local.
De esta gigantesca tarea académica el gobierno -con pinzas- extractó tres o cuatro puntos que son los que conforman el proyecto de ley que acaba de radicar ante el Congreso. Y que deberá ser discutido (si es que el referendo reeleccionista deja tiempo) durante la actual legislatura.
¿Cuáles son los puntos que el gobierno desgajó del trabajo completísimo que había adelantado la Federación de Departamentos?
Básicamente son cuatro, que aunque desde el punto de vista técnico lucen correctos, están lejos de configurar una reforma tributaria integral. Como hubiera sido deseable en esta importante área de la fiscalidad nacional.
En primer lugar se incrementan en 0,5% las tarifas sobre automotores y se extiende el tributo a las motos. El efecto recaudatorio de esta iniciativa es limitado: se aumenta el recaudo en 155.926 millones de pesos por año.
El segundo cambio tiene que ver con el impuesto a los consumos de licores. No se aumentan las tarifas sino que se reduce la dispersión que hoy es grande. El recaudo adicional que este cambio generaría a favor de los departamentos es de 45.558 millones pesos.
La tercera modificación del proyecto tiene que ver con la racionalización del impuesto al consumo de cigarrillos: se propone la unificación de tarifas para todos los cigarrillos sin distinción de su precio y con un periodo de transición de cinco años. Es decir, a partir del 2015 toda cajetilla de cigarrillos que se expenda (independientemente de su precio) tendrá un tributo idéntico: 950 pesos por cajetilla de veinte unidades. El efecto en el recaudo, que es el mayor previsto en el proyecto, iría aumentando hasta el año 2015.
La última modificación tiene que ver con el tributo para el alumbrado público que el proyecto de ley cataloga como una tasa. Tiene como finalidad armonizar el régimen legal que hoy es tremendamente disperso en los 300 municipios donde se cobra. Busca también regular el concepto de capacidad de pago de los contribuyentes que deben sufragar el alumbrado público.
El proyecto de ley tiene, pues, aciertos técnicos, pero está lejos de poder ser catalogado como una modernización integral de la tributación de las entidades territoriales.
Inclusive le hace el quite a reformas de fondo (que hemos comentado en esta misma columna) y que habían sido propuestas en el estudio de la Federación de Departamentos. Como por ejemplo, que la nación les cediera a los departamentos el 50% de la sobretasa sobre el ACPM que podría llegar a representarles cerca de un billón de pesos.
Estos recursos hubieran sido claves para financiar el mantenimiento de la red secundaria de carreteras que está destrozada; que es responsabilidad de los departamentos; y que representan cerca del 42% de la malla vial del país. Pero el gobierno lastimosamente no se atrevió a dar este paso.
Se ha discutido si esta reforma es oportuna. Obviamente no es el momento de subir impuestos sino de bajarlos ante la desaceleración de la economía. Pero como esta reforma -si es que el Congreso la estudia con diligencia- apenas regiría en el 2010 y la modificación más sustancial que es la de los cigarrillos solo entrará en aplicación plena a partir del 2015, no entra en colisión con las políticas anticíclicas que se están poniendo en marcha.
En síntesis: se trata de una reforma menor; técnicamente bien diseñada; pero estamos frente a otra oportunidad desperdiciada para haber introducido cambios estructurales a nuestra anacrónica tributación territorial.
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