El Gobierno Nacional, además de estar atento al trámite del referendo reeleccionista del presidente, y con el fin de lograr más apoyos para el mismo, se propone presentar al Congreso un proyecto de acto legislativo que instaure la reelección inmediata e indefinida de los mandatarios regionales y locales.
Propuesta por lo menos inoportuna, dada la realidad nacional y la actual crisis mundial que ameritarían la dedicación intensiva y exclusiva de los legisladores a afrontar la debacle financiera externa y a conjurar los efectos sociales y económicos que cada día se manifiestan en mayor grado y amenazan nuestra convivencia por el incremento del desempleo, la inequidad y la miseria. Distraerlos en asuntos que dan espera y sobre todo que, por sus implicaciones, requieren profundos análisis, dan la sensación de que en nuestro país prima la politiquería y el clientelismo sobre los asuntos que afectan a la población.
Con la reelección de los actuales mandatarios departamentales y municipales no se va a obtener mayor autonomía, como argumentan algunos de los promotores del proyecto, ni tampoco se les va a sacar del estado de postración y de pobreza en la que se debaten la mayoría de los 32 departamentos y los 1.099 municipios.
La autonomía sólo se logrará con la eficiencia y eficacia de las administraciones y cuando el gobierno nacional, en un acto de confianza y de responsabilidad, logre desconcentrar algunas de sus funciones y entregarles los recursos necesarios, para que sean ejercidas por gobernadores y alcaldes, lo que desafortunadamente hasta hoy ha sido misión imposible, ya que se encuentran atornilladas a la burocracia capitalina.
En algunos foros cuando se habla de los paraísos de corrupción, de delincuencia, de tierras de paramilitares, de guerrilla y de narcotraficantes en que se han convertido algunas zonas del territorio nacional, se trae a colación la manera abrupta como se adoptó la elección popular de los mandatarios regionales y locales, proceso que según los estudiosos se debió dar de manera escalonada, de acuerdo con la categoría de los entes territoriales y cuando las condiciones de anormalidad del orden público estuviesen realmente superadas.
Se omite considerar las innumerables denuncias e investigaciones que todos los días conocemos acerca de malos manejos, infiltraciones de grupos armados y de poder, defraudaciones y demás anomalías que, por la ignorancia, impotencia o dolo de los mandatarios y sus colaboradores, son el pan de cada día y desangran los fiscos sin que los ciudadanos se enteren o estén en capacidad de evitarlo; y de manera afanosa se pretende impulsar tal iniciativa, sin los suficientes argumentos y balances que indiquen cuál es la realidad actual y si los ciudadanos cuentan con el suficiente conocimiento, criterio, madurez, garantías y libertad para decidir objetivamente quiénes merecen ser reelegidos, máxime cuando no sólo gobernadores y alcaldes, sino los demás funcionarios estarán soterradamente en campaña política y buscarán direccionar los recursos públicos al logro de su perpetuación en el poder.
Esperemos que de aprobarse tan riesgosa reforma sólo se haga efectiva acompañada de una exigente reglamentación sobre las calidades morales y de idoneidad, las inhabilidades, los parámetros para determinar la probidad, eficiencia y eficacia que ameriten repetir la gestión; que se establezca y asegure igualmente la independencia de los organismos de control y que las contralorías hagan un efectivo control previo y perceptivo y no se limiten al inocuo control posterior; y que se promueva y estimule la conformación de veedurías ciudadanas con capacidad y herramientas para actuar.
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