“Se da la bienvenida al proceso de paz del Gobierno con las Farc, pero hay un límite legal y es que los líderes que ya están condenados deben cumplir su pena, de ahí que el acuerdo de paz es genuino y legítimo si se logra una solución que armonice con lo señalado por la fiscal Bensouda, de la Corte Penal Internacional”.
Con esta afirmación en la mañana de este viernes, el argentino Luis Moreno Ocampo, exfiscal de ese alto tribunal -al que se sometió Colombia al suscribir el Estatuto de Roma-, planteó un punto de partida de cara a las resoluciones que se puedan dar en las conversaciones que se llevan a cabo en La Habana (Cuba).
El experto en conflictos armados señaló que es una muy buena señal que su sucesora, la fiscal Bensouda, se haya abierto a dar recomendaciones en medio de la negociación (en julio pasado), lo que es un gesto para que el Gobierno presente ante la Corte Penal Internacional una opción legal que legitime los acuerdos que se alcancen.
“Hay que dar fortaleza legal y política a los actuales acuerdos, tiene que haber sanciones para quienes cometieron grandes crímenes y la Corte sigue con atención el proceso de paz y se aprecia una disposición de analizar como la membresía de Colombia en su jurisdicción no sea un obstáculo para el acuerdo de paz”, comentó en su intervención al cierre de la convención anual de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en Cartagena.
Acompañado de un panel de varios líderes de opinión en temas de paz, el exfiscal de la Corte concluyó que ahora el punto álgido de la negociación es el grado de participación en política que se dará a las Farc, “y en ese punto nadie se puede meter”, puntualizó en diálogo con El Colombiano.
Desde la órbita nacional, otros participantes del panel en la convención de Fasecolda dieron sus puntos de vista.
De un lado, el vocero nacional del movimiento Progresistas y exlíder guerrillero Antonio Navarro Wolf, fue enfático en la necesidad de que haya un consenso entre la dirigencia nacional para lograr una salida estable que ponga fin al conflicto armado.
“Debemos encontrar un punto razonable de negociación y la salida mas inteligente, más humana y más patriótica de todas es dar participación en política, así no les guste a muchos”, puntualizó Navarro al referirse a la acérrima postura crítica del investigador Alfredo Rangel.
Justamente, el académico cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, desdeñó de la representatividad de las Farc sobre los intereses del campesinado y las bases populares del país, recordó que hay 218 dirigentes de ese grupo guerrillero que son condenados ausentes con penas hasta de 60 años de cárcel.
“Seguramente hay que dar favorabilidad frente a algunos delitos y perdonar, pero no los crímenes de guerra que han cometido líderes de las Farc como reclutamiento menores, asesinatos por fuera de combate, esclavitud sexual y reclutamiento forzoso”, anotó Rangel, quien dice que da un apoyo condicionado al proceso de La Habana.
Para él no se puede construir un acuerdo de paz a cualquier costo, aunque ve como puntos negociables la flexibilización del marco de justicia transicional, perdonar algunos delitos que no son de lesa humanidad y evaluar un esquema de rebaja de penas para los líderes guerrilleros.
A su turno, el presidente del Senado, el liberal Juan Fernando Cristo, se mostró más conciliador y resaltó que el país está ante un proceso de paz que es inédito en sus condiciones.
“Desde el principio destaca la importancia de las víctimas del conflicto, tiene un plazo definido y un mecanismo posible de refrendación (referendo) y que no hay un consenso nacional por el rechazo que despierta las Farc por frustrados procesos anteriores”, comentó el parlamentario.
Ante cuál es su opción para que no haya impunidad en el proceso de paz, el presidente del Congreso contestó que eso se define en La Habana y “no podemos volvernos todos negociadores del proceso de paz”.
Por último, Cristo aclaró que no han sido notificados de la fecha autorizada por el Gobierno para el viaje de una comisión de representantes de partidos políticos que se trasladaría a La Habana para reunirse con ambas partes de la mesa negociadora, y que incluye un amplio número de parlamentarios.
*Por invitación de Fasecolda
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