Pese a que no presentó apelación durante la audiencia de medida de aseguramiento, la Procuraduría considera, dentro del proceso que investiga la supuesta alteración del lugar donde murió Diego Felipe Becerra, que la decisión de dejar en libertad a los coroneles Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez y José Javier Vivas Báez no es la más razonable.
En este caso, el concepto que entregó el Ministerio Público critica la decisión adoptada por la juez 64 de Garantías de Bogotá al considerar que contiene algunos errores en la deducción que realizó para no aceptar la solicitud de medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía General.
El primer error que observa el representante de la Procuraduría para este caso es que la funcionaria judicial haya manifestado que tres de los uniformados, que responsabilizaron a los dos coroneles en versiones entregada al ente acusador, mintieron para buscar a cambio beneficios judiciales.
Para el Ministerio Público, es “falso o carente de asidero” afirmar que los testimonios entregados por Rosemberg Madrid, Fredy Navarrete y Nelson Rodríguez no sean ciertos, debido a que en esta etapa del proceso “no existe un mínimo elemento material probatorio que indique que es así”.
El procurador del caso señaló que si bien se puede llegar a pensar que se presentan contradicciones en estas versiones en aras de buscar beneficios, es más razonable pensar que dentro de una estructura jerarquizada, como lo es la Policía, le pueda acarrear mayores perjuicios que beneficios el rebelarse en contra de una autoridad superior.
Incluso, señaló que estos testimonios seguramente les debe generar “temor o hasta terror” a los uniformados que los rindieron ante la Fiscalía. Asimismo, dijo que en este caso es más dado a deducir que sería mejor “el mantenimiento de un buen vínculo (con los superiores)” que pudiera a generar algún tipo de beneficio en el centro de reclusión
Adicionalmente, el Ministerio Público rechaza que la juez haya manifestado que de los elementos materiales probatorios se puede deducir que los dos coroneles les estregaron la escena del lugar ya alterado. El procurador asegura que ni siquiera de la bancada de la defensa de los uniformados les escuchó dar argumentos que le permitieran a la funcionaria judicial realizar tal manifestación.
“El análisis conjunto y casi homogéneo de las situaciones de los dos coroneles conlleva a otro error y consistió en darle un mismo tratamiento, cuando las intervenciones que pregona la Fiscalía son diferentes y los tiempos de intervención son diferentes”, añade en su concepto el procurador.
Además, asegura que afirmar que los dos recibieron la escena alterada es “casi que ubicarlos en el mismo sitio y a la misma hora, lo cual es absurdo”, pues advierte que en el caso del coronel Arévalo “existen muchos más hechos indicadores de una probable responsabilidad que en relación con Vivas Báez".
“Si tenemos una situación desigual, aplicarle el mismo rasero implica una desconexión con el material probatorio y con la realidad”, dice el Ministerio Público.
Por último, el procurador delegado considera que existe una contradicción con la decisión de la juez en la misma audiencia de cobijar con medida de aseguramiento a Nubia Mahecha Melo, esposa del conductor del bus que aseguró que Diego Felipe había participado en un hurto el día de su muerte.
Lo anterior, debido a que si se desliga de cualquier responsabilidad a los coroneles no se entiende de dónde surge el interés de Mahecha Melo de presentar la denuncia que la misma funcionaria judicial calificó como falsa.
Además, el representante del Ministerio Público señala que la decisión de la juez deja vacíos sobre de dónde surgió la idea de alterar la escena donde sucedieron los hechos y cuál fue el momento cuando se cambió el lugar.
