La Procuraduría General de la Nación determinó que el acuerdo firmado entre las dos grandes compañías que ejecutaron las obras del Metro de Medellín hace 25 años, debe tener relevancia dentro del proceso judicial que se adelanta, para dar fin a las diferencias económicas que surgieron durante la realización de los trabajos.
El acuerdo fue celebrado el pasado 10 de septiembre entre la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, la sociedad que integran el Consorcio Hispano-Alemán y las firmas aseguradoras del Contrato 049 de 1984 (que dio apertura a la construcción del Metro), con el cual llegaron a común acuerdo para librar sus diferencias.
Frente a ello, el procurador Delegado ante el Consejo de Estado, Roberto Augusto Serrato, emitió un concepto solicitándoles a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia que aprueben dicho acuerdo.
"Solicito que se imparta aprobación al acuerdo transaccional presentado por las partes, como quiera que el mismo, además de cumplir con los requisitos formales y sustanciales, no es lesivo para el patrimonio público", aseguró.
El proceso lo debe resolver el Tribunal de Antioquia, pues las sociedades que conforman el Consorcio Hispano-Alemán interpusieron acciones de nulidad en contra de la Empresa del Metro, y a su vez el Metro contra ellas, por supuestos incumplimientos en los contratos y fechas de finalización de obras.
Para el Ministerio Público, "la transacción (acuerdo) es un acto de autonomía privada, destinado, más que a modificar una situación en curso, a precisarla, cuanto lo primero, eliminando el conflicto y la consiguiente incertidumbre".
Frente a la decisión de la Procuraduría, el gerente del Metro, Ramiro Márquez, expresó satisfacción y expuso que quiere decir que, de no haberse celebrado el acuerdo, el patrimonio público se habría expuesto a un detrimento. "Estamos contentos, toca esperar la aprobación por el Tribunal Administrativo que esperamos suceda pronto".
Márquez recordó que el documento puso fin a los contenciosos que tenían las partes, conocido como un acuerdo cero-cero, que consiste en que, por concepto de pleitos, ninguno le reconoce al otro suma alguna suma. "Sólo el Metro, unas facturas que se debían legalmente y fueron aprobadas por las partes en la negociación, del orden de 3,5 millones de dólares", precisó.
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