La Procuraduría General de la Nación advirtió este jueves que no cuenta con los recursos económicos necesarios para acatar un fallo de la Corte Constitucional que le ordenó realizar un concurso público para la designación en propiedad de los cargos de Procurador Judicial.
Por eso solicitó ante esa Corporación que inicie un incidente de impacto fiscal con respecto de la Sentencia C-101 de este año y se convoque a una audiencia pública en la que la Procuraduría pueda explicar porqué tendría que moderarse el fallo y así no afectar las finanzas de ese organismo de control.
Y es que para el Ministerio Público, la implementación de la Carrera Administrativa para los cargos de Procuradores Judiciales requiere la creación de un órgano que pueda administrar la misma que cuente con recursos adecuados para operar.
“La Procuraduría aclara que no cuenta con la asignación de los recursos necesarios para asumir los costos de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y al mismo tiempo que la Entidad no tiene la autonomía presupuestal que le permita realizar las apropiaciones correspondientes para poder financiar dichas erogaciones, acudiendo simultáneamente al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se incluyan dichos valores en el Presupuesto General de la Nación, y a esta última corporación, solicitándole que pueda asumir la administración de la carrera a la que deben inscribirse los Procuradores Judiciales”, señaló la entidad.
