te cuatro propuestas más, del listado de diez propuestas mínimas que presentaron el pasado 19 de este mismo mes. En ellas se evidencia la pretensión de implementar cambios aún más radicales con respecto a la organización del Estado, de lo que habían presentado antes.
Temas como la regulación estatal de los medios de comunicación, la elimincación de la actual Cámara de Representantes para sustituirla por lo que llaman una “Cámara Territorial”, la redefinición de algunos departamentos como entidades territoriales especiales, así como la participación popular en la junta directiva del Banco de la República, son propuestas de cambio bastante radicales que probablemente generen un dura polémica.
Estas son la propuestas que explicaron, siguiendo el orden de las diez que presentaron ante la opinión pública este miércoles:
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final: En este punto la guerrilla busca garantizar que, una vez se realice la dejanción de armas, los integrantes de esta guerrilla puedan participar en la política colombiana, incluído el derecho a ser elegidos en un cargo público.
Este subpunto también incluye la implementación de mecanismos que garanticen “la seguridad colectiva e individual” para que quienes hayan cambiado las armas por los votos no sean víctimas de atentados y homicidios como lo que le ocurrió a los militantes de la antigua Unión Patrótica.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación: A través de este punto, la guerrilla busca que “se garantice el acceso a los medios de comunicación a las comunidades y sectores populares que hasta el momento han sido excluídos”.
También se pretende garantizar la cofinanciación estatal de medios de comunicación, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, a través de pauta publicitaria e incentivos especiales. Otra garantía que se plantea es el acceso a los medios estatales a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y, de forma muy especial a las mujeres, los jóvenes y la comunidad Lgbti.
Otro tema se da en torno a la masificación del uso del software libre y el acceso gratuito a Internet para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. Para ello las Farc proponen “un programa nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a Internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas”.
En este punto hay un tema que puede generar bastante polémica y es el que se refiere a la implementación de “regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz”. En este mismo punto, también se planteó la posibilidad de crear “normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública”.
Allí también se plantea la creación de “mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación”, tema que podría sumarse a esta polémica.
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios: en este punto la guerrilla pretende compensar el excesivo centralismo para fortalecer la democracia y el poder local. “Para tal efecto, se conformará un Consejo de la Participación Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones y de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan”, explicaron.
También pretenden la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Esto implicaría que algunas regiones como el departamento del Chocó, por sus características particulares de miseria y abandono sea elevado a la categoría de entidad territorial especial.
Una reforma radical que pretenden que se implemente es la redefinición del Congreso, sustituyendo a la actual Cámara de Representantes por lo que llaman una “Cámara Territorial”. En ella, pretenden que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica: Lo que se plantea en este punto es que se permita una participación popular más activa en el proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
En este sentido, proponen crear mecanismos institucionales que garanticen que haya una delegación mediante elección directa, cuya participación sea autónoma y con carácter decisorio.
Con respecto a la participación popular en la definición de la política económica, se busca además que la comunidad participe en organismos como el Consejo Nacional de Política Económica y Social - Conpes, el Consejo Superior de Política Fiscal – Confis, así como con en la Junta Directiva del Banco de la República.
Para ello, pretenden que el régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía del banco central sea rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población.
