PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIÁLOGO SOCIAL

22 de diciembre de 2012

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Las democracias modernas son aquellas en las cuales la tradicional y clásica democracia de representación se combina con escenarios crecientes de democracia de participación y de deliberación.

Antes se creía que una buena democracia era aquella en la cual se escogía periódicamente a los representantes -para nuestros casos, los congresistas, diputados o concejales- y una vez producida la elección se dejaba en manos de esos representantes exclusivamente la deliberación sobre los asuntos de interés público y la toma de decisiones en relación con los mismos. En ese escenario los ciudadanos eran convocados casi exclusivamente al acto electoral de elegir los representantes y luego se convertían en observadores de lo que hacían aquellos que habían sido elegidos.

Ese modelo de democracia progresivamente se fue debilitando, por la pérdida de credibilidad de los partidos políticos y los representantes, en la medida en que los ciudadanos consideraban que cada vez menos representaban a quienes los habían elegido y que lo que parecía primar en su actuar eran intereses personales o grupales. Esto llevó en muchas sociedades a crisis de sistemas de partidos políticos, de una parte, y a introducir reformas en los ordenamientos constitucionales y legales que propiciaban modalidades diversas de democracia de participación, que complementaban las formas tradicionales de democracia de representación -algunas voces más radicales promovían la sustitución de la democracia representativa por la participativa o la directa, lo que no dejaba de ser más que buenos deseos-.

Esto es lo que explica porque las constituciones contemporáneas, dentro de las cuales se sitúa la nuestra de 1991, buscaron consagrar mecanismos de participación ciudadana amplios y diversos, para lograr que la democracia de representación clásica -la que circula en los Concejos, Asambleas y Congresos- se complementara con mecanismos de participación ciudadana social y política, porque se consideraba que la democracia no se podía agotar en los escenarios de la democracia representativa.

Pero existe en la realidad un déficit de mecanismos y escenarios para el diálogo social, donde ciudadanos de procedencias y opiniones diversas se puedan escuchar de manera respetuosa y ser escuchados, porque esto permite aprender de las ideas del otro y saber que si bien cada uno tiene su propia mirada del tema, igual la puede enriquecer o complementar con las de los otros y no puede enviarse el mensaje a la sociedad de que es más fácil entablar conversaciones con grupos alzados en armas -con los cuales por supuesto también se deben explorar salidas concertadas-, que con los distintos sectores sociales que tienen demandas legítimas y que los gobernantes tienen la responsabilidad de escucharlas y tratar de darles respuestas.

No es entendible que en una democracia como la nuestra, que pretende combinar los mecanismos de representación con los de participación, los distintos sectores sociales no cuenten con algo parecido a un ‘consejo de concertación social’ que sesionara periódicamente -dos veces en el año, por ejemplo-, y donde los distintos sectores sociales -campesinos, indígenas, estudiantes, población afro, grupos de género, etc.- pudieran llevar sus demandas más sentidas y ser analizadas, debatidas y avanzar en la búsqueda de respuestas, con la presencia de los responsables estatales –los Ministros respectivos, quizá con la Secretaría Técnica del Ministro-Consejero del Diálogo Social- y que de esta manera el acudir a las vías de hecho se convirtiera más en lo excepcional que en lo cotidiano de las demandas sociales.

No es lo adecuado que distintos sectores sociales tengan que recurrir permanentemente a las vías de hecho para ser tenidos en cuenta por los gobiernos y escuchados en sus demandas. Allí es evidente un vacío que debería proceder a llenarse en los próximos tiempos.