El Gobierno panameño se mostró dispuesto a hacer valer sus derechos para que la ampliación del Canal de Panamá sea culminada según lo dispuesto en el contrato por el consorcio a cargo, que ha amenazado con suspender la obra debido a sobre costos que cifró en mil 625 millones de dólares.
Las autoridades panameñas expresaron que esperan que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la española Sacyr, recapacite en su propuesta de suspender este mes la ampliación, ya que esa decisión significaría un nuevo retraso de la obra y también un perjuicio para los contratistas.
El GUPC, que además de Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, envió el pasado 30 de diciembre una carta de preaviso a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que anunció que suspenderá la construcción del tercer juego de esclusas en 21 días ante la falta de respuesta por parte de esa Autoridad de sus reclamaciones económicas.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, dijo el jueves 2 de enero que España e Italia tienen una responsabilidad moral en el conflicto, por lo que exigirá a ambos gobiernos que hagan que las empresas española e italiana involucradas cumplan con el contrato.
"Yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos. No puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobre costos en una obra de ampliación que es una obra de la humanidad, cuando al momento de licitar ellos pusieron un precio y ahora vienen con el cuentito de que los están subiendo", declaró el mandatario.
Ante ese anuncio, el Gobierno de España dijo estar dispuesto a mediar entre Sacyr y las autoridades panameñas para resolver el conflicto contractual que amenaza la ampliación.
"Yo le confirmé a Martinelli que efectivamente el Gobierno español está dispuesto a mediar. El Gobierno español ha estado siguiendo desde el primer momento muy de cerca este proceso y ya incluso hemos estado intentando mediar entre las partes", dijo el embajador español en Panamá, Jesús Silva.
Explicó que el Ejecutivo español estudia "la posibilidad de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, o alguna personalidad del Gobierno se desplace en los próximos días a Panamá para intentar apoyar esta mediación que se está haciendo tanto desde la embajada como directamente desde España".
"Creo que hay posibilidades para el diálogo, y yo espero que se concrete en los próximos días", añadió el diplomático, que resaltó que la carta de preaviso enviada por el consorcio internacional es una formalidad contractual.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano afirmó que el consorcio no ha podido justificar ante el Canal los supuestos sobre costos por más de mil 600 millones de dólares, que representan el 50 por ciento del contrato de las nuevas esclusas.
Recalcó que el contrato firmado por las partes es de precio fijo y que las únicas cláusulas que permiten ajustes son una por aumento de precios de rubros como el acero, el diesel, el cemento, y otra por alza de la plantilla panameña, conceptos por los cuales la ACP ya ha pagado 160 millones de dólares, alrededor del 5 por ciento del monto de contrato.
Quijano afirmó que el contrato establece mecanismos que garantizan la culminación de la obra aunque el consorcio lo abandone, que incluyen una carta de fianza por 600 millones de dólares en manos de una aseguradora con la que la ACP mantiene comunicación constante desde noviembre pasado para activarla en caso de ser necesario.
La carta de fianza permite que la misma aseguradora "asuma el proyecto y lo termine. La otra posibilidad es que la aseguradora pague a la ACP y esta culmine la obra a través de subcontratistas", añadió el administrador.
El programa de ampliación del Canal registra un avance total del 72 por ciento, mientras que la construcción de las nuevas esclusas uno de 65 por ciento, informó este miércoles la ACP.
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