Un fallo nunca va a satisfacer a todas las partes. Y la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega no va a ser la excepción.
Sobre todo cuando lo que se está decidiendo, en el fondo, no es su culpabilidad o inocencia de la desaparición de varias personas, sino los límites de la fuerza pública en la defensa de sus instituciones, y la capacidad de la sociedad para pedir perdón y olvidar.
En este caso lo que está claro es la división entre los que protegen el uso de la fuerza del Estado para defender sus instituciones a toda costa y los que establecen la importancia de mantener los derechos humanos y las reglas de la guerra incluso en los minutos más difíciles del conflicto.
El fallo, en vez de ayudar a cerrar y sanar las heridas de ese terrible episodio de la historia, polariza al país alimentando la percepción de iniquidad que mientras los responsables de la toma del Palacio disfrutan del poder ganado en las urnas, quienes defendieron al país están en la cárcel.
Ese argumento, cierto en apariencia, resulta falaz ya que sobre la brutalidad del M-19 el país ya firmó, para bien o para mal, una amnistía jurídica que los libera de cualquier investigación, pero sobre los excesos de algunos miembros del Ejército, el castigo sigue aún sin definirse.
El Estado debe ser duro y severo en el castigo de los excesos que cometan sus fuerzas institucionales. Eso es claro. El país debe asegurar la mesura y el respeto del derecho de sus fuerzas armadas en todas las situaciones, ya que la sociedad no puede tener miedo a sus tropas. Las fuerzas legítimas no se pueden deformar en tropas iguales o peores que las de los delincuentes.
Y en eso es importante tener claro que pedir justicia por lo sucedido en el Palacio de Justicia no es un ataque directo en contra de las Fuerzas Armadas, sino castigar un error que cometieron miembros de esa época.
Necesario.
Ahora bien, ordenar al Ejército, como lo hace el Tribunal, que pida perdón públicamente por la defensa de una toma guerrillera es vergonzoso y desmedido.
El Tribunal debió limitarse a aclarar los delitos cometidos e impartir castigos justos sobre estos. Pero el intento de doblegar a los militares y el dudoso llamado a la CPI contra el expresidente Belisario Betancur no catalogan dentro de esas perspectivas, sobre todo en un fallo donde la investigación brilló por su ausencia.
La justicia en casación debe ser dura, muy dura, contra el coronel Alfonso Plazas Vega en el caso de encontrarlo culpable de los hechos. Pero esto no puede deformarse en una cacería de brujas en contra del Ejército actual o de los gobernantes del momento. Hay que saber diferenciar.
P. S. Felicitaciones a El Colombiano por sus 100 años. Una historia que demuestra la importancia de la tradición y los valores en el periodismo nacional. Un orgullo ser parte de esta celebración.
