Una audiencia realizada el 30 de julio, en la que un hombre recibió el beneficio de excarcelación después de pagar una suma de dinero, es una de las pruebas que presentó la Fiscalía durante la audiencia de legalización de captura de ocho funcionarios del centro judicial de Paloquemao, entre ellos un juez, a quienes se les dictó medida de aseguramiento.
La investigación se apoyó con agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas y fotografías, indicó la Fiscalía durante la audiencia. En otra ocasión se hizo el cobro de $13 millones por trasladar un preso de una cárcel a otra.
Con la medida de aseguramiento fueron cobijados el juez Ricardo Rodríguez Vilar, y los funcionarios Alejandro Francisco Navas Flores, Carmen Alicia Garzón Pinto, Daniel Esteban Hurtado Rey, Jaime Camargo Lucero, Javier Español Palacios y Manuel Humberto González Cuéllar, mientras que a Ana Adelina Corredor, asistente del juzgado 26, le fue concedida la detención domiciliaria por tener una hija con discapacidad.
A estas personas les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo y sucesivo con prevaricato por acción agravado, en concurso con falsedad ideológica en documento público en concurso con concusión agravado en concurso con tráfico de influencias, en concurso con cohecho y revelación de secretos.
El juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra Francisco Javier Barbón López, juez 38, y los funcionarios Marvin Quecano Urueña y Manuel Velásquez Ayala, quienes quedaron en libertad.
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