El jefe del Ejército, general Julio Avilés, afirmó este martes que Nicaragua no negociará con Colombia "ni una gota de agua" luego del fallo de Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el cual se le otorgó 75.000 kilómetros de mar.
"El fallo tiene validez, es invariable. No hay una forma de volver a un estado diferente a lo que dispuso la Corte. Ni una gota de agua tenemos que negociar de la restituida por la corte Internacional", indicó Avilés.
La declaración es una de las primeras reacciones que se conoce desde Nicaragua, luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos la noche del pasado lunes en la que calificó el fallo de "inaplicable".
El presidente nicaragüense Daniel Ortega sentará este martes una posición oficial de su gobierno frente a la decisión del gobierno colombiano de desconocer una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en noviembre de 2012 delimitó las fronteras entre ambas naciones en el Caribe.
La vocera presidencial de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el líder sandinista sentará este miércoles la posición del gobierno nicaragüense en relación a las declaraciones de su colega colombiano.
La posición del gobierno colombiano ha sido rechazada por juristas y dirigentes de diversos sectores de Nicaragua, quienes consideraron que las leyes internas de un país, no pueden contravenir el derecho internacional.
El experto nicaragüense en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia, dijo que el planteamiento oficial expresado por el presidente de Colombia ante el fallo de la CIJ, que restituyó espacios marítimos en el mar Caribe a Nicaragua, es confuso, contradictorio e insostenible.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) llamó a los nicaragüense a la unidad frente a la decisión colombiana de desconocer la sentencia de La Haya.
En tanto el diputado Jacinto Suárez, secretario de Asuntos Exteriores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN,) dijo que la única opción viable con Colombia es el camino de un diálogo para ejecutar la sentencia del 19 de noviembre de 2012 emitida por la CIJ de La Haya.
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