Nicaragua presentó una demanda en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como "parte integral de un proceso de establecimiento de los límites marítimos de Nicaragua en el Caribe".
El gobierno de ese país solicita al tribunal internacional delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.
También pide a la Corte ser más específica en "definir el rumbo exacto de la frontera marítima" entre Nicaragua y Colombia en las zonas de la plataforma continental.
Según un comunicado del gobierno de Nicaragua, "la posibilidad de una negociación bilateral sobre este tema, que había quedado pendiente de resolución definitiva en la Sentencia del 19 de Noviembre de 2012, se ha visto impedida por la reacción de Colombia a dicha Sentencia".
En un fallo dictado ese día, la CIJ definió los límites en el Caribe entre ambos países y dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Colombia en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Se trata de la última fase del plan B de Nicaragua que incluyó una consulta técnica el pasado 26 de junio a la Comisión de Plataforma Continental de la ONU, para que este organismo le diera su concepto con respecto a si su subsuelo podría llegar hasta lugares cercanos a la costa colombiana.
La Comisión de Plataforma Continental, si bien no es un organismo de juzgamiento como sí lo es la Corte Internacional de Justicia, ofrece argumentos de peso, pues confirma si según las normas del derecho del mar, un territorio submarino puede estar bajo cierta soberanía estatal.
