El mundo alcanzó a dar una vuelta completa alrededor del sol y sin embargo parece que fue ayer cuando la Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad de La Haya, emitió el fallo que le quita a Colombia 75 mil kilómetros cuadrados pertenecientes al mar del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Un año después el sentimiento de dolor sigue intacto en los habitantes, especialmente los raizales, del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tanto que sienten su tierra y su mar como una región cercenada y olvidada, a no ser por los anuncios de inversión que ha hecho el gobierno nacional.
Los isleños, por eso, siguen exigiendo al Gobierno que proponga acciones para que se revise el fallo, pues dicen que desde todo punto de vista desconoció la voz de los habitantes de las islas y solo se basó en mediciones frías para poner unos límites que en el mar son abstractos, pero que les causaron pérdidas económicas enormes. “Se trazó el mapa desde el interés geográfico y se desconoció que los mapas se deben hacer desde lo humano, desde los asentamientos de los pueblos y familia étnicas”, dice uno de los sanandresanos que esta semana se recordaron el primer año de su pérdida.
Para entender este año que ya pasó y la expectativa que llega se debe mencionar que una vez conocida esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, el presidente Juan Manuel Santos, hizo presencia el mismo 19 de noviembre en horas de la tarde. Se reunió con raizales, empresarios, pescadores, entre otros, y de ahí salió la orden de darles a los pescadores artesanales un subsidio de millón 800 mil pesos. Dicha solución causó un problema mayor, porque desde entonces “todo el mundo resultó ser pescador artesanal” y ha sido difícil depurar las listas.
Muchos verdaderos pescadores se quedaron por fuera; mientras los industriales se quedaron sin trabajo, porque cerraron sus puertas las empresas grandes, entre ellas Antillana, con 25 años de historia, que daba trabajo directo e indirecto a casi 300 personas y que producía para la administración departamental 500 millones de pesos por concepto de impuestos.
Otras soluciones ordenadas por el gobierno nacional fueron subsidiar los pasajes a Providencia; entregar becas, a través del Icetex, para raizales; entregar motores fuera de borda a pescadores; hacer en las islas los Juegos de Sol y Playa; nombrar a raizales en embajadas, consulados y recientemente en el Viceministerio de Turismo.
Sigue el dolor
Pese a dichas medidas, muchas de las cuales se agradecen y han sido útiles, el sentimiento más común entre los isleños es que el país no acaba de entender la pérdida.
Ellos mismos recuerdan con estupor cuando a las 10 de la mañana del 19 de noviembre del 2012 el juez que leyó en fallo de la Corte Internacional de Justicia’ y les transmitió una inmensa alegría, al anunciar que se respetaba el Tratado Esguerra–Bárcenas. Los residentes saltaron y se abrazaron, incluyendo a la gobernadora del departamento archipiélago, Aury Guerrero Bowie.
Pero la lectura siguió y la alegría no pudo ser más efímera. De ahí en adelante el juez explicó la nueva división y la gente en esta isla languideció.
Empezó en ese instante un duelo que no se minimizó, ni se minimiza aun, ni siquiera con la gran cantidad de anuncios con que el gobierno intenta ‘echar cremita’ en una quemadura que permanece abierta y doliendo como desde hace un año.
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