El Gobierno uruguayo envió el martes al Parlamento un proyecto de ley que limita la compra de tierras por parte de empresas o grupos donde una nación extranjera sea socio inversor, con el objetivo de salvaguardar los recursos naturales del país.
La normativa responde a una preocupación del presidente José Mujica, que requirió a sus asesores una regulación del tema para evitar la adquisición de tierras por parte de otros Estados interesados, por ejemplo, en asegurar la producción de alimento para su población.
El proyecto declara "de interés general la preservación y la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y en particular la tierra".
Por este motivo, se prohíbe la participación de otros países o sus fondos soberanos en emprendimientos agropecuarios o inmuebles rurales, a menos que se trate de "proyectos productivos alineados al desarrollo nacional" en los cuales no cuenten con la mayoría de las acciones.
En Uruguay, hasta el momento no se detectó la participación de otras naciones en grupos o fondos inversores, según la exposición de motivos del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley.
La tierra del país sudamericano ha incrementado su valor exponencialmente en los últimos años, alcanzando un promedio que supera los 3.000 dólares por hectárea.
Uruguay, cuya economía está basada en la actividad agrícola ganadera y el turismo, creció un 5,6 por ciento interanual en el segundo trimestre del año. La producción y exportación de pulpa de celulosa, basada en una consolidada forestación, será en 2013 una de sus principales actividades económicas.
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil y Argentina son países que ya han implementado regulaciones en este sentido.
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