La Sala Plena de la Corte Constitucional, en una decisión tomada por mayoría (siete votos a favor y dos salvamentos de voto) avaló el Acto Legislativo 01 de 2012, conocido como el Marco Jurídico para la Paz, pero lo condicionó para salvaguardar los derechos de las víctimas.
Tras un debate de dos semanas, la Sala Plena decidió avalar el Marco Jurídico para la Paz que introdujo elementos de justicia transicional en la Constitución Política, en un pronunciamiento sobre una demanda que instauró la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en contra de tres expresiones de esa reforma constitucional que, en últimas, consagran que habrá una priorización y una selección de los crímenes cometidos en el conflicto para que sean juzgados.
La Corte acogió la ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en el sentido de que el Marco Jurídico es constitucional, pero bajo unas consideraciones especiales para salvaguardar los derechos de las víctimas de la guerrilla y los dos magistrados que salvaron su voto -Nilson Pinilla y Mauricio González Cuervo - consideraron que se podría propiciar la impunidad.
La ponencia y el fallo condicionaron la aplicación a que debe terminar el conflicto armado, con desmovilización de la insurgencia y la entrega de armas.
El presidente Juan Manuel Santos comentó la decisión durante la posesión de dos magistrados del Consejo de Estado: "Es un paso importantísisimo en ese anhelo que todos los colombianos, la inmensa mayoría, tenemos para nuestros hijos: dejarles un país en paz".
Sentido de la demanda
Para la Comisión de Juristas, ese Acto Legislativo era una herramienta inadecuada porque el Estado estaría autorizando dejar en la impunidad crímenes que no hayan sido cometidos ni sistemáticamente ni por los máximos responsables.
Esta demanda, presentada en diciembre de 2012, agudizó el debate que ya se había adelantado en el Congreso y provocó el debate constitucional más importante de los últimos tiempos en el país.
El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, explicó que "seleccionar o priorizar algunos delitos permite que otros graves casos de crímenes de guerra y lesa humanidad queden en el limbo, impunes, así como sus responsables".
Cabe recordar que el Marco Jurídico deberá ser reglamentado por leyes estatutarias que tendrán que dejar en claro cuáles son esos criterios de selección y de priorización, qué delitos son conexos con el hecho mismo de alzarse en armas y qué pasará con los casos no seleccionados.
Un camino largo
La decisión de la Corte era esperada por los círculos políticos y judiciales, dado el interés del Gobierno de aplicarlo como base legal de posibles acuerdos de paz con las Farc y en el proceso que se iniciará con el Eln, y que pretende conjurar cualquier vacío jurídico en cuanto a los delitos y responsables de crímenes durante el conflicto armado.
El acto legislativo significó una reforma constitucional para introducir elementos de justicia transicional para investigar, con criterios de selectividad, a los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Se acusa a las Farc y a sus comandantes, algunos de ellos negociadores en La Habana.
La aprobación es vital para el Gobierno y para el proceso de paz, porque también establece la posibilidad de suspender las penas o de imponer una pena alternativa a esos responsables. Los voceros de las Farc han reiterado que "no van a negociar el fin del conflicto para terminar en la cárcel".
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