Estamos en la época del año en la que se cumple el rito anual de ser examinados en derechos humanos por parte del gobierno de los Estados Unidos y de organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional (AI).
A lo largo del año también hay informes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Parlamento Europeo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y de pluralidad de órganos que con diferentes ópticas miran con lupa la situación colombiana.
Básicamente, todos esos informes parten de la evidencia de que somos un Estado incurso en un conflicto armado interno, que ha suscrito casi todos los instrumentos internacionales en materia de protección a los derechos fundamentales, y cuyos Gobiernos, en principio, no objetan que se hagan recomendaciones sobre la efectividad de la protección a esos derechos.
Colombia se ha habituado a este tipo de análisis, un poco a regañadientes. Ya pasó el tiempo en que se reaccionaba a ellos como injerencia externa -así estrictamente lo sea- y de forma más pragmática se responde a ellos con disposición de aceptar lo que tengan de provechoso, y refutar lo que tengan de tendencioso.
El Departamento de Estado de Hillary Clinton, en su papel de policía mundial, dice que en Colombia "los problemas de derechos humanos más graves (en 2011) fueron la impunidad y la ineficacia del sistema judicial, la corrupción y la discriminación social". Nada, pues, que no sepamos.
El informe hace repaso del interminable menú de violaciones a los derechos humanos que la compleja realidad colombiana arroja: ejecuciones extrajudiciales, paramilitarismo, narcotráfico, bandas criminales, hacinamiento carcelario, abusos sexuales a menores, uso generalizado de minas antipersonal, intimidación a jueces y fiscales y abusos de los organismos de seguridad (léase DAS).
Amnistía Internacional, por su parte, coincide en muchos de los puntos mencionados en el documento norteamericano, eso sí, con su particular énfasis en cargar la balanza de las responsabilidades en las Fuerzas Armadas.
Por lo menos ya no se refieren a la guerrilla como "oposición armada", como hasta hace pocos años, y la llaman por su nombre y la responsabilizan, como no podía ser de otra manera, de graves violaciones a los D.H. y al DIH.
A Amnistía Internacional la inquieta que se estén tramitando leyes que beneficien con "amnistías de facto " a autores de abusos contra los derechos humanos, pero porque "entre ellos (están) miembros de las fuerzas de seguridad".
Quizás para un próximo informe, AI hará extensiva esa preocupación para que sean los jefes de la guerrilla, autores de crímenes atroces, los que obtengan perdón y olvido.
La canciller María Ángela Holguín , cumpliendo lo que quizás sea una formalidad necesaria en el ejercicio de su cargo, se quejó del informe del Departamento de Estado por "injusto". Reprocha a E.U. que no reconozca los esfuerzos ni los avances obtenidos.
Colombia ha trabajado mucho en el tema, es verdad. Sin embargo, la protección a los derechos humanos es un asunto en el que no hay que instalarse nunca en la autocomplacencia. Hay que martillar sobre el tema, eso sí, equitativamente y con objetividad.
Lo que tememos es que la política de Estado, que se había concentrado, con acierto, en la Vicepresidencia de la República, se esté diluyendo. Y esa no esa una buena señal.
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