Aunque usted no lo crea, en Colombia existen personajes intocables e intolerantes.
Es el caso de la Corte Suprema de Justicia. Pienso que sus miembros se creen superiores al resto de los colombianos, que son incólumes y que en sus vidas no hay nada sinuoso, aunque es indudable que es una entidad con un halo de superioridad y majestuosidad como ninguna otra, se les puede asimilar a la realeza. Los demás compatriotas pueden ser culpables o no, los pueden investigar, grabar o seguir. Las culpas son únicamente para la gente del común. Su poder les da capacidad para condenar o absolver.
Los agentes investigadores pueden escrutar la vida de cualquier mortal menos las de los magistrados de las Altas Cortes. Pero si descubrieron, por ejemplo, las amistades de ellos con Giorgio Sale... la culpa es de los detectives. Pobrecitos ellos. Están en la picota. La justicia nuestra no parece investigar a fondo ciertos crímenes o comportamientos, mientras otros son esclarecidos aunque haya pasado mucho tiempo. Como si se juzgara con menos celeridad la muerte de la gente de los partidos de la derecha que los de la izquierda.
Es el caso del asesinato de Álvaro Gómez. Nunca se ha sabido quiénes fueron los culpables. Mientras los asesinatos de personas vinculadas con la izquierda (igualmente condenables), sí son descubiertos o se encuentran los culpables. O personas como el coronel Alfonso Plazas (cuyo principal testigo hacía parte del grupo del M-19) son condenadas.
Aquí es pertinente la pregunta de Jacques Thomet en internet: "¿Qué espera la CSJ de Colombia para inculpar a Piedad Córdoba por sus vínculos con las Farc? Preocupa también el caso del magistrado que asistió a una reunión citada por Samper (el del 8.000) y allí agravió fuertemente al presidente Uribe. ¿Será eso participación en política? Hoy se considera tan normal escuchar las conversaciones que hasta las empresas al contestar las llamadas, informan que éstas pueden ser grabadas o monitoreadas.
Así mismo, mucha gente dice que si no hay nada que ocultar, nada se teme, tanto es así que hasta monseñor Rubiano dijo alguna vez que él no tenía inconveniente en que le oyeran sus conversaciones. Pero los famosos magistrados se rasgan las vestiduras por las que les hicieron a ellos.
El Estado y sus dependencias tienen el derecho y el deber de investigar a todo aquel funcionario del que se tenga cualquier indicio de hecho delictuoso de cualquier tipo.
Salud Hernández-Mora, columnista de El Tiempo , hace unos días escribió sobre los comentarios impropios de los magistrados al calificar de asesino al presidente Uribe.
Después se refirió a los traslados de estos personajes a Neiva en 2006, por cuenta del discutido empresario Ascencio Reyes, lo cual fue el punto de partida para investigar la vida privada de los juristas. Y hace poco, esta periodista escribió sobre "los viajes de los magistrados a la dictadura oriental acompañados de la secretaria de esa entidad... Quisiera saber qué aprendieron de pena de muerte o de espionaje industrial y protección de marcas...".
Igualmente se refirió a los casi 16 millones de pesos que cada uno recibió por viáticos, fuera de los pasajes. Concluyó diciendo que no se vuelvan a repetir las bochornosas veladas de Giorgio Sale.
Algunos más se preguntan ¿por qué gobiernos anteriores ignoraron lo que sucedía en el DAS y los 40 años de chuzadas? Ojalá no olvidemos aquella frase: "los jueces deben estar exentos de odios, amistades, ira y misericordia".
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