Varios militares de la XVII Brigada del Ejército investigados por su supuesta participación en una masacre de civiles en Urabá y Córdoba en 2005, no serán detenidos, pero seguirán vinculados al proceso.
El fiscal instructor del caso, adscrito a la Unidad de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario (DIH) de la Fiscalía, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a 65 militares, por los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005 en las veredas La Resbalosa, municipio de Tierralta (Córdoba) y Mulatos Alto, del corregimiento San José de Apartadó (Antioquia), en los que fueron asesinadas ocho personas, tres de las cuales eran menores de edad.
Sin embargo, los miembros de la XVII Brigada seguirán vinculados a la investigación, según la determinación del fiscal del caso.
Ya hay asegurados
Por estos hechos, el fiscal instructor aseguró en meses pasados al teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, al subteniente retirado Jorge Humberto Milanés Vega, al suboficial Henry Audelo Cuasmayán Ortega, al cabo segundo Ricardo Bastidas Candia, y los sargentos segundo Ángel Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, como presuntos coautores de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo.
Estos uniformados hacían parte de una compañía del batallón Vélez que, para la fecha de los asesinatos de los civiles, se encontraban en las mencionadas veredas de Apartadó y Tierralta.
Como supuesto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, la Fiscalía también aseguró al capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien estaba al mando de la Compañía Bolívar adscrita al batallón Vélez.
Además de los militares, también se encuentran privados de la libertad cuatro integrantes de grupos de autodefensa, entre ellos Jorge Luis Salgado David y Joel José Vargas Flórez, como supuestos responsables de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.
Estaba advertida
Entre finales de 2004 y comienzos de 2005, varias autoridades locales y habitantes del corregimiento San José de Apartadó advirtieron sobre un inminente ataque.
El 18 de noviembre de 2004, la Defensoría del Pueblo anunció que había indicios sobre una posible incursión paramilitar allí.
El 21 de febrero de 2005 fueron asesinados los niños Natalia y Santiago Bolívar Muñoz, y los adultos Alfonso Bolívar Tuberquia, Alejandro Pérez Castaño y Sandra Milena Muñoz Posso en la vereda La Resbalosa, de Tierralta.
En la vereda Mulatos Alto del corregimiento San José de Apartadó fueron cometidos los homicidios de Luis Eduardo Guerra Guerra, Beyanira Areiza Guzmán y del menor Deyner Andrés Guerra Tuberquia.
Algunas víctimas fueron degolladas y decapitadas por los autores de la masacre.
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