Espero no estar equivocado al afirmar que la trascendental Ley de Sostenibilidad Fiscal que cambia tres artículos de la Constitución del 91 con el fin de limitar los gastos del Estado frente a los populismos, ya ha sido aprobada en cuatro de los ocho debates que exige tal modificación. Esta necesaria Ley supedita a los recursos presupuestales disponibles los embelecos de: los gobernantes de turno, de los partidos políticos desorientados, de los entes territoriales insensatos, así como las tutelas de algunos jueces incompetentes.
En medio de los numerosos “artículos fiscalmente irresponsables que tornan crítico el escenario fiscal de mediano plazo”, en concepto acertado del senador Roy Barreras, emerge esta reforma constitucional como la tabla de salvación para armonizar los derechos de los ciudadanos con los escasos recursos disponibles por los gobiernos. Artículos fiscalmente irresponsables por no estar debidamente cuantificados sus costos abundan en la ley de Víctimas y de Tierras, en la Reforma al Sistema de Salud…
Algunos contradictores del Gobierno afirman que la severidad de la Ley de Sostenibilidad Fiscal convertirá en demagogia barata del presidente Santos leyes suyas como la de Víctimas y Tierras. Era de esperar, a quienes pretenden pescar en río revuelto no les agradan las restricciones lógicas.
Según le entendí al senador Roy Barreras, el presidente Santos ya tasó en Estados Unidos en cerca de 22 mil millones de dólares el costo de la ley de Víctimas y de Tierras, esto es, unos 45 billones de pesos en 15 años, o sea, no menos de 3 billones de pesos por año para aplicar dichas leyes. Billones, sí, millones de millones. Aun cuando justa, esta legislación no está concebida con prudencia.
Algunos expertos estiman que los cambios climáticos extremos nos llegaron para permanecer. Es decir, que los ya afectados continuarán siendo afectados año tras año y, más grave aún, se incrementarán ellos anualmente en un 2% de la población total hasta perturbar el 100% en el 2050. Ojalá se equivoquen tales expertos. Nadie sabe cuánto pueden llegar a costarnos los daños del invierno en marcha. Asumo, empero, un costo bajo de 4 billones de pesos por año para atender estos desastres.
Las necesidades para la Reforma del Sistema de la Salud comienzan por los 3 billones de pesos que se requirieron para atender los tratamientos médicos no incluidos en el plan estándar o POS en 2010. Pero dicha cifra podría resultar ser insignificante, porque el proyecto en trámite establece que un Comité Técnico Científico de cada Empresa Prestadora de Servicios deberá pronunciarse en un término de dos días, sin tener en cuenta las restricciones financieras globales del Sistema, sobre la recomendación para atender tratamientos estimados por un médico como necesarios. Claro que el proyecto crea un Instituto para la Salud y la Excelencia Clínica que puede determinar si un tratamiento es o no costo-efectivo, pero ello no obliga a los comités aludidos.
La suma de los requerimientos futuros de los tres párrafos anteriores se avecinarán a los 10 billones por año. Esto implicaría realizar unas dos ambiciosas reformas tributarias por año. Quiera el Cielo que ciertos “ministros y políticos iluminados” no desestabilicen más las débiles finanzas del país con sus embelecos demagógicos.
