El nuevo caso con visos de fraude procesal, que involucra a falsas víctimas de los grupos paramilitares en el sonado caso de desplazamiento forzado de más de un centenar de familias de la finca Las Pavas, generó reacción en el Gobierno.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que "estas acciones prenden las alarmas sobre lo cuidadoso que debemos ser en el Estado para evitar, ahora que comienza la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que los avivatos hagan su agosto e impidan que los beneficios lleguen a verdaderas víctimas del conflicto y a los campesinos despojados".
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que sería "inaceptable" que se comprobara participación de Ong en "prefabricación de víctimas"
La polémica se desató por la solicitud de la fiscal Myriam Martínez, de investigar falsa denuncia y fraude a cuatro miembros de la Asociación Campesina de Buenos Aires, que reclamaba la finca, ubicada en El Peñón (Bolívar).
"Podemos concluir que no existen motivos que permitan considerar un delito de desplazamiento forzado. En este caso bajo estudio nos encontramos ante la presencia de un falso desplazamiento forzado, un montaje de falsedad", señaló la fiscal Martínez en su providencia, que además señaló que hay personas que se retractaron de ser desplazados.
La asociación, junto a otras Ong, denunció al Estado colombiano ante organismos internacionales e incluso una tutela de la Corte Constitucional ordenó este año que los supuestos desplazados retornaran y ocuparan la finca.
El predio es propiedad de Tequendama S.A. y Aportes San Isidro, dos empresas de palma aceitera que, según los campesinos, adquirieron la finca a través de Jesús Emilio Escobar, señalado como supuesto testaferro del extinto Pablo Escobar.
La asociación rechazó las acusaciones e insisten en que son desplazados.
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