El jefe del Poder Judicial en la provincia iraní de Azerbaiyán Oeste, Malek Ajdar Sarifi, no descartó este domingo que finalmente sea conmutada la condena a morir lapidada, impuesta a Shakine Mohammadi Ashtiani, la mujer acusada de adulterio y asesinato.
En declaraciones divulgadas este domingo por la agencia de noticias local Fars, el responsable judicial de la zona donde está encarcelada, respondió con un ambiguo todo es posible a una pregunta sobre la eventualidad de que se anule la controvertida sentencia.
"Cualquier cosa es factible. El expediente sigue bajo estudio", indicó Sharifi, quien reiteró que el retraso en la decisión definitiva se debe a que se están valorando algunas pruebas que podrían resultar "ambiguas".
El responsable judicial pronunció estas palabras apenas un día después de que la mujer, cuyo caso ha despertado una oleada de solidaridad y protestas internacionales, obtuviera un permiso para cenar con sus hijos fuera de la cárcel e hiciera unas declaraciones ante los periodistas en la ciudad occidental iraní de Tabriz, donde se encuentra la prisión.
Ashtianí aseguró que en ningún caso ha sido torturada y pidió a la prensa internacional que no se inmiscuya en su caso.
Acusaciones
La mujer advirtió que emprenderá acciones legales contra los dos periodistas alemanes detenidos el pasado 10 de octubre cuando se disponían a entrevistar a su hijo, ya que en su opinión le han perjudicado y han dañado al país.
"Tengo una queja contra esos dos alemanes que me han avergonzado. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué vinieron aquí como si fueran periodistas?", inquirió.
"Quiero hablar porque mucha gente quiere beneficiarse del caso y dicen que he sido torturada, lo que es mentira. Dejadme en paz. ¿Por qué queréis perjudicarme?", se preguntó.
Los dos reporteros, que trabajan para la revista "Bild am Sonntag", fueron detenidos junto a Javid Houtan Kian, su actual abogado, y su hijo, Sajjad Ghazerzadeh, liberado bajo fianza de 40.000 dólares el pasado 12 de diciembre.
En un principio fueron acusados de espionaje, pero semanas atrás el Gobierno iraní dio a entender que solo se les imputará el delito de entrada ilegal en el país, ya que llegaron como turistas y no solicitaron el permiso especial de prensa que exige Irán.
