Un accidentado trámite en el Congreso que hizo que los debates terminaran coincidiendo con la campaña electoral, que copa el interés de los parlamentarios, unido a intereses particulares que gravitan en torno al sector, dieron al traste con la reforma a la salud.
Su indiscutible necesidad para la seguridad social de los colombianos ni el hecho de que el Gobierno la considerara como una de las reformas claves de la actual administración, fueron razones suficientes para motivar su aprobación por parte de la bancada de la Unidad Nacional.
La aprobación de la Ley Estatutaria de Salud, presentada simultáneamente, y por medio de la cual se consagró la salud como un derecho fundamental, avalada ya por la Corte Constitucional, tampoco brindó el impulso suficiente para tramitar esta ley ordinaria que buscaba reformar el sistema para garantizar esa obligación del Estado.
El proyecto, presentado en marzo de 2013, pretendía establecer un marco de acción para las entidades vinculadas al sector, disponiendo mecanismos de control para un uso eficiente de los recursos destinados a la atención de la población.
No era un proyecto que brindara solución a todos los problemas que enfrenta la salud e incluso tenía aspectos francamente críticos, pero es lamentable que muera en las manos de los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, tras un tortuoso “paseo de la muerte” por el Senado, a escasas dos semanas de terminarse la actual legislatura, sin tener siquiera ponencia para el tercer debate.
La naufragada Reforma a la Salud incluía, entre otras cosas, la creación del Fondo Salud Mía, la definición de un plan único de salud -Mi Plan- y la determinación de las tareas de los Gestores de Salud. Esto significaba, en la práctica, cambios radicales al actual sistema.
Sin duda, uno de los más polémicos era la creación del Fondo Salud Mía, que contaría con un régimen de contratación pública, para manejar todos los recursos del sistema: haría los recaudos, los administraría y les giraría directamente a los diferentes actores del sector salud. Se contemplaba, además, la posibilidad de tercerizar algunos procesos, como los de afiliación, recaudo, administración, pagos y giros.
La propuesta de operación de un único Fondo con múltiples funciones implicaba un colosal reto operativo y administrativo, con el riesgo de concentrar diversas funciones en un solo ente público. No se debe perder de vista que podría convertirse en un atractivo foco de politización y malos manejos.
Que la reforma se hubiera hundido no es culpa del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ni indica falta de voluntad política del Gobierno. Es una muestra de que una reforma a la salud no es fácil en ningún país y, sobre todo, de las enormes dificultades que tiene Colombia para hacer transformaciones radicales por la vía del Congreso, cuando existen actores y contradictores con múltiples intereses, que siendo respetables, resultan contrapuestos, y que pese a la intención ministerial fue imposible consensuar o lograr acuerdos básicos.
Por la vía de los decretos, el Ejecutivo ha venido introduciendo cambios en el sistema, como eliminación de procedimientos administrativos para autorizar tratamientos, ampliación del Plan Obligatorio de Salud, control al precio de los medicamentos y el pago directo a algunos hospitales, pero es mucho lo que resta no solo para ponerse al día sino para cumplir las exigencias de una ley “garantista” como es la estatutaria. De ahí la deuda pendiente para el nuevo Congreso, en la próxima legislatura.
La reforma no resolvía los graves problemas del sistema de salud
Por Jaime Arias Ramírez
Presidente Asociación Colombiana de Empresas Prestadoras de Salud Integral
Era muy difícil en el Congreso pasar esta ley porque había un gran escepticismo. No hay que olvidar que el Congreso viene de aprobar dos reformas a la Ley 100 que terminaron sin efectos. La ley 1122 de 2007 y la 1438 del 2011, fuera de otra cantidad de leyes. Y más cuando la reforma a la salud proponía un borrón y cuenta nueva.
Las EPS, frente a este proyecto de ley ordinaria hemos mantenido una posición respetuosa y consideramos que había algunos aspectos preocupantes que les quitaban capacidad de gestión. El tema de que se volvieran gestoras no nos preocupaba, pero no estaba claro cuáles eran las nuevas funciones.
La reforma sí tenía muchos enemigos, especialmente en el mismo cuerpo médico y entre los trabajadores oficiales.
Creemos que la Ley no resolvía los dos grandes problemas del sector de la salud ni el financiero ni el de la calidad de la atención. Nunca el grave problema que tiene el sistema que es insostenible, que está quebrado. Al no resolver los dos problemas críticos se traducía en una nueva frustración.
Y adicionalmente en Acemi siempre consideramos que era necesario conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la Ley Estatutaria que apenas se vino a conocer esta semana. Y cuyas exigencias van a ser muy fuertes sobre el sistema de salud. Y fue prudente de parte del Congreso esperar ese pronunciamiento antes de embarcarse en una reforma.
