La mayor crítica se da en torno a que de los 4.968 postulados (hoy están activos 2.750), solo 20 habían sido juzgados efectivamente, a diciembre pasado, por las instancias judiciales creadas para tal fin. A los fiscales, según esas cifras, parece haberles resultado duro y complejo penetrar los entresijos de la verdad sobre los 340 mil delitos inventariados y atribuidos a los grupos de autodefensa, organizaciones que llegaron a reportar un pie de fuerza de 25 mil combatientes.
Por fortuna de los 37 frentes "paras" que se desmovilizaron, muy pocos combatientes reincidieron y se reciclaron en el fenómeno que el Gobierno llama bandas criminales (bacrim), compuestas por unas 4 mil personas. No hay duda sobre el descenso vertiginoso que el desmonte de las llamadas Auc trajo de crímenes como las masacres, la desaparición forzada, el desplazamiento y la expropiación ilegal de predios.
Las posiciones de mayor controversia, hoy, señalan el hecho de que no ha sido posible construir una memoria fiable y contundente sobre los responsables (autores intelectuales) de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos, especialmente, entre 1993 y 2005, período que incluye el modelo paramilitar que cubrió la Ley de Justicia y Paz.
En ese mismo orden está la lenta y precaria indemnización de las víctimas y de sus grupos familiares. Se esperaba que los bienes muebles e inmuebles incautados a los paramilitares sirvieran, en parte, para reponer a los afectados los daños causados, pero las ONG denuncian que solo unos cuantos predios y objetos, abandonados y deteriorados, pasaron a resarcir a las víctimas.
La paulatina liberación de los exparamilitares, en 2014, ocurrirá en el contexto actual de las negociaciones de paz con las Farc, en La Habana, Cuba, y llama la atención de otro gran número de víctimas y de un sector mayoritario de la población y la sociedad civil que no entiende ni acepta una firma de paz sin que haya castigo y reparación por los daños causados por la guerrilla durante medio siglo de guerra irregular y terrorista.
Los colombianos se indignan ante la posibilidad de que el fin del conflicto con las Farc traiga impunidad. Y para los más críticos, aunque la pena de ocho años resulte desproporcionada frente a los actos aterradores cometidos por algunos paramilitares, es igualmente inaceptable que los combatientes de las Farc firmen la paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos sin pagar un solo día de cárcel.
La libertad de los "exparas" reabre la discusión sobre cuánta justicia es necesario sacrificar para alcanzar la paz. Con los paramilitares pudo haber exageradas concesiones mediante Justicia y Paz. Pero igual sostener que solo se deben procesar las líneas delictuales y los jefes guerrilleros de los crímenes más atroces, les descarga sal en las heridas a las víctimas. Ojalá los delincuentes no queden libres, mientras que la sociedad termina presa de sus odios.
FALLAS NO SON CULPA DE DESMOVILIZADOS SINO DE LOS VACÍOS DEL MISMO ESTADO
Por FERNANDO SOTO
Exasesor de las Auc y director de la Corporación Caminos Buenos
Ese fue un proceso de paz avalado por el Gobierno Nacional, por el Congreso y por la Ley de Justicia y Paz, y quedó claro que la mayor pena era de ocho años. Y ya se cumplió lo pactado. Eso quiere decir, ni más ni menos, que ellos, los exmiembros de las autodefensas, tienen derecho a la libertad.
Que de pronto no se logró construir la verdad sobre sus crímenes, pero eso no fue culpa de ellos, eso fue culpa del Estado en su conjunto, por su ineficiencia, por su improvisación y por no tener montado, además, un buen programa de reintegración. La falta de celeridad y resultados no fue culpa de los desmovilizados.
Lo que pasa ahora es que hubo un proceso que se construyó que no tuvo buena difusión, pero en ellos hubo voluntad de paz y ahora pueden gozar su derecho de volver a la libertad. La gran pregunta es si el Estado sí está en capacidad de garantizarles seguridad y condiciones de reintegración. No se ganará nada si ellos llegan a salir y comienzan a matarlos y a afectar sus nuevas vidas.
Ellos no podrán seguir siendo llamados a nuevos procesos. La Ley de Justicia y Paz es muy clara y su pena estará cumplida. Ellos deberán, sí, hacer parte de un programa de reinserción a la vida civil, porque su escenario dejará de ser la cárcel. Y no tendrán deudas pendientes.
