En cuanto a la independencia judicial, vale la pena recordar aspectos esenciales ahora que, a raíz de un informe publicado en el diario El País, de España, se ubica a nuestro país como uno de aquellos donde ese principio básico aún se respeta.
Según el diario madrileño, que cita varios casos de decisiones judiciales de tribunales latinoamericanos que han anulado normas jurídicas o programas políticos de diversos gobiernos (México, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay), hay en cambio otros Estados donde la justicia -y principalmente sus altas cortes- se pliega o adhiere a las consignas y directrices del Poder Ejecutivo.
Y no es coincidencia que tanto el informe del periódico español como el de voceros de Human Rights Watch (HRW) citados en él, destaquen como los de peor récord los casos de Venezuela, Nicaragua, Honduras y Ecuador.
Para HRW, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela "es uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia judicial en la región". Como ejemplo de tal afirmación, un jurista venezolano cita apartes del discurso de apertura del Año Judicial, el 5 de febrero de 2011, pronunciado por el magistrado Fernando Vegas Torrealba (que puede encontrarse en la página Web del TSJ), en el que dijo: "El poder judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la política de Estado que adelanta el Gobierno Nacional (…) Este TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano".
La persecución a opositores y su procesamiento judicial, con fiscalías de bolsillo y jueces obedientes o temerosos, desmonta los tres pilares de los que hablábamos al principio: no hay independencia judicial, no hay libertad de expresión, y no hay posibilidades de ejercer control político.
El precedente que se cita en el caso colombiano, para ejemplificar la independencia real de su poder judicial, fue la decisión de la Corte Constitucional, en 2009, de no avalar jurídicamente la reforma que permitía un tercer mandato presidencial consecutivo. Sin embargo, a pesar de ser el más emblemático, no ha sido el único caso. La tradición del país, incluso muy anterior a la Constitución de 1991, ha sido de cortes que deciden autónomamente.
Sin embargo, la independencia judicial debe reafirmarse más allá de la injerencia o no del Poder Ejecutivo. Hay más riesgos, como los derivados de intereses que se están filtrando de otras instancias del poder público con gran capacidad de influencia a través de "estímulos" burocráticos y económicos (nombramientos y contratos) de los organismos de control (Procuraduría y Contraloría), y la Fiscalía General de la Nación.
Se ha denunciado que cada cabeza de estos organismos tiene magistrados y candidatos propios. ¿Estamos asistiendo a un fenómeno dañino de privatización de la justicia, particularmente de las altas cortes? Solo eso nos faltaría.
NO CREO QUE HAYA CANDIDATOS PROPIOS DEL FISCAL O DEL PROCURADOR
Por JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ
Exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (1996-2004)
Aquí en Colombia, la Constitución y la ley desarrollan unos principios que garantizan la independencia de la Rama Judicial. Entendida esta no solo como independencia de las otras ramas del poder público, sino como independencia práctica en el ejercicio mismo de la función en los respectivos procesos. Aunque eso que formalmente está tan bien concebido, en la práctica tiene problemas. En el campo penal, por ejemplo, la independencia ha sido minada por la presión que ejercen los grupos delincuenciales, las organizaciones criminales que impiden que el ejercicio de la función se pueda ejercer libre de amenazas y de riesgos.
En mi experiencia personal, no puedo decir que haya habido presión política o del Ejecutivo en nuestra función judicial. En términos generales los gobiernos son respetuosos de las decisiones de la justicia. Ahora tenemos ejemplos de decisiones complicadas que las cortes y tribunales toman según la ley.
El nombramiento de magistrados tiene importancia para consolidar la independencia, en Colombia no es perfecto el sistema y podría cambiarse. Pero sí debo decir que no creo que haya candidatos del fiscal, o del procurador, como se dice ahora. Puede que los conozcan, o trabajen con ellos, pero los candidatos tienen sus propios méritos.
