Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), solo un 15 por ciento de los discapacitados en edad de trabajar tiene empleo.
Esto significa que para una población, que en Colombia suma más de 3 millones de personas, el drama del desempleo asciende al 85 por ciento, por lo que la inclusión laboral, además de un derecho, se convierte en una necesidad crítica.
A partir de este diagnóstico nació, hace cuatro años, el Pacto por la Productividad, liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene como objetivo articular la red de actores (empresas privadas, sector público y Organizaciones No Gubernamentales) de manera que se le garantice el derecho al trabajo a estas personas como un asunto de productividad para todos los involucrados.
"El mayor motor de desarrollo de Colombia y de América Latina es una clase media creciente, con un poder adquisitivo cada vez mayor. Pero es imposible pensar que eso pueda pasar si se está excluyendo del sector productivo a una porción tan grande de la población", señaló Rafael de la Cruz, representante del BID en Colombia, en una reunión de balance del programa.
Y esque el Banco Mundial estima que un país como Colombia pierde entre el 5,25 y el 6,3 por ciento de su Producto Interno Bruto al no incluir laboralmente a sus discapacitados.
"Contratar a estas personas no es un tema de caridad. Se trata de productividad. Cuando tienen trabajo, ellos pueden hacerse cargo de su salud, de su pensión y además se convierten en consumidores de bienes y servicios con poder adquisitivo. Esto le quita una carga al Estado colombiano, que puede invertir esos recursos en otros programas", explicó la directora del Pacto por la Productividad, Alejandra León.
Como ella, Julio César Martínez, gerente de Gestión Humana de Colcafé, está convencido de que la inclusión de personas con discapacidad en la nómina de una empresa no debe ser cuestión de altruismo, sino de igualar el terreno para que personas con habilidades y competencias puedan desempeñarse en un ámbito laboral.
La firma, perteneciente al Grupo Nutresa, inició con el proceso hace cinco años y en la actualidad cuenta con 22 personas discapacitadas vinculadas a su nómina, 14 de ellos con pérdida auditiva.
A un año de concluir, el Pacto promovido por el BID ha informado a 1.186 empresas en todo el país, de las cuales 96 ya tienen diagnósticos y planes de acción para contratar a personas con discapacidad.
Solo en Medellín, son 36 las firmas con acompañamiento, entre ellas el Grupo Bancolombia, Grupo Éxito, Colcafé, Corona, Banacol, Gana, EPM, Allus, iConsulting y la Fábrica de Licores de Antioquia y un total de 55 personas vinculadas laboralmente.
De igual forma, el Pacto trabaja de la mano con el Sena para adecuar sus procesos de formación a las necesidades específicas para el empleo de esta población.
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