La impunidad en términos generales, y en particular en los casos que tienen que ver con la sanción efectiva a las violaciones en materia de derechos humanos, no es de ocurrencia nueva en el país. Bien por ineficiencia del sistema judicial, la intimidación o la corrupción. Lo preocupante es que, al figurar otra vez entre las preocupaciones que tiene el Departamento de Estado, indique la falta de avances.
A estas preocupaciones se agrega también, entre otras, el tema del desplazamiento forzado, provocado por los actores armados, que tampoco registra resultados positivos.
Si bien el informe destaca los esfuerzos del Gobierno por crear un clima de respeto a los derechos humanos, asignaciones presupuestales y gestiones interinstitucionales, es lamentable que persistan los reclamos de justicia, ante las relativamente pocas acciones concretas en el juzgamiento a los responsables de tales violaciones, cometidas antes de 2013, cuando el tema de los falsos positivos adquirió dimensiones de escándalo.
El informe no ha tenido una respuesta oficial por parte del Estado colombiano, pero en unas primeras declaraciones dadas en Madrid, el vicepresidente Angelino Garzón, aseguró que el Gobierno estadounidense "nos mira con otros ojos, los del pasado".
Posiblemente no le falte razón, pero para el país sería más sano reconocer la ineficiencia de su aparato judicial, y hacer los esfuerzos requeridos para seguir avanzando en la investigación y juzgamiento de todos los crímenes, y en especial de aquellos que adquieren mayor gravedad por ser constitutivos de infracciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En un tono más diplomático - como corresponde al embajador de Colombia en Washington- Luis Carlos Villegas quisiera que el informe no existiera, pero asegura que en él se "reconocen avances que provienen de una política que se ha hecho bien y debilidades en las que debemos trabajar".
El hecho de que el Departamento de Estado reproche que en Colombia persiste un alto índice de impunidad es un claro indicativo de que allí está el principal lunar y les envía a las autoridades el mensaje de que no son suficientes los esfuerzos realizados para imprimir mayor celeridad al procesamiento de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, contrasta la reacción de Colombia, con el rechazo airado que el informe recibe cada año en diferentes países, principalmente latinoamericanos, que no consideran que Estados Unidos sea el mejor juez en el cumplimiento de los derechos humanos, y lo califican como una intromisión en sus asuntos internos, cuando lo deberían mirar, al menos, con beneficio de inventario, sin descalificarlo a priori.
Y no deja de resultar paradójico que el informe cause la mayor repulsión en aquellas naciones como Cuba, Venezuela y Ecuador, que el Departamento de Estado incluye este año entre los países señalados por sus abusos contra los derechos humanos. En el caso de Venezuela se hace alusión a una realidad que a raíz de las protestas iniciadas por los estudiantes se ha hecho más evidente: "corrupción, politización del sistema judicial, y acciones para impedir la libertad de expresión".
HAY RESISTENCIA AL JUZGAMIENTO DE MILITARES POR LA JUSTICIA ORDINARIA
Por GUSTAVO GALLÓN
Presidente de la Comisión Colombiana de Juristas
La impunidad en materia de violación de derechos humanos en Colombia continúa siendo un problema notorio, y por eso lo destaca el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. El hecho de que Colombia haya adoptado el sistema acusatorio, inspirado o basado en el modelo de Estados Unidos, no ha dado lugar a que se supere la impunidad, en general, y mucho menos en materia de violación de los derechos humanos. Y esa impunidad en materia de derechos humanos se ha agravado en los últimos tiempos con la resistencia de los sectores militares al juzgamiento por la justicia ordinariade las violaciones a los derechos humanos, lo cual se tradujo en el impulso a la reforma constitucional para fortalecer el fuero militar que se aprobó por el Congreso en 2012 y se declaró inconstitucional en el 2013.
Si bien el Departamento de Estado no menciona el tema de la reforma al fuero militar, indudablemente es un aspecto medular del problema, porque con o sin reforma hay oposición a que se juzguen estas violaciones a los derechos humanos por la justicia ordinaria, incluso con casos de corrupción en el Consejo Superior de la Judicatura, como el caso que se conoció del magistrado Villarraga, que estaba favoreciendo al coronel Róbinson González del Río, tristemente célebre por los falsos positivos.
