A medida que pasa el tiempo, el caso Interbolsa toma mayores proporciones, por cuenta de la acción simultánea de los entes de control que pusieron sus ojos sobre el descalabro financiero de la que fuera la mayor firma comisionista del país y su matriz, la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI), ambas en proceso de liquidación.
En la tarde de ayer, la Contraloría General de la República alertó al Gobierno sobre una "presunta y multimillonaria evasión fiscal" en operaciones realizadas por las firmas comisionistas Interbolsa y Proyectar Valores.
En una función de advertencia enviada a la Dian y la Superintendencia Financiera, el ente de control señala que estas sociedades ofrecían servicios de optimización financiera, haciendo pasar transacciones financieras como si fueran operaciones bursátiles.
De esa manera, se evadía el impuesto correspondiente a los movimientos financieros (conocido como cuatro por mil) en un posible detrimento para las finanzas publicas.
La contralora delegada para las Finanzas Públicas, Ligia Helena Borrero, explicó a Colprensa que se trataría de una práctica generalizada y no solo de las dos firmas. Consiste en que abrían una cuenta en productos como Contrato de Comisión o Administración de Portafolios a Terceros, para luego llevar como una supuesta inversión el dinero que en realidad se giraban a terceros.
Con esos recursos, las comisionistas hacían operaciones como una Transferencia Temporal de Valores en un periodo de uno a cuatro días y así el cliente solicitaba el giro a terceros y no pagaban el cuatro por mil.
Horas antes, el expresidente de la comisionista intervenida, Rodrigo Jaramillo y su hijo Tomás, gestor del Fondo Premium, atendieron una citación judicial de la Fiscalía, en Bogotá.
Este es el primer contacto con el ente acusador, que busca determinar si estas cabezas del Grupo Interbolsa incurrieron en posibles delitos como falsedad, administración ilegal de bienes, estafa, abuso de confianza, entre otros.
Al final de la diligencia de siete horas, el defensor de los interrogados, Jaime Lombana, solo aclaró que "esto no tiene nada que ver con la denuncia del abogado Jaime Granados (colapso del Fondo Premium) y que es una investigación oficiosa de la Fiscalía".
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