Por segunda vez consecutiva fue aplazada la audiencia preparatoria que se adelanta en contra del exsubteniente Raúl Muñoz Linares, señalado de asesinar a tres menores de edad en hechos ocurrido en zona rural de Tame (Arauca) en noviembre de 2010.
En el marco de la audiencia el abogado Sergio Rodríguez, defensor del exsubteniente del Ejército, le solicitó a la juez 27 de conocimiento la nulidad de la audiencia, argumentando que a su cliente se le habían violado los derechos al debido proceso y a la defensa.
Según el jurista, en la etapa que se cumplió de esta audiencia en Arauca hubo "irregularidades en el proceso" y dijo que el hecho de que la diligencia se estuviera cumpliendo con otra jueza, luego de que la que llevaba el caso, Constanza Gaona, fuera asesinada, afectaba el principio de concentración.
La funcionaria judicial negó dicha solicitud señalando que el jurista presentó una argumentación carente de fondo, que solamente se limitó a exponer sobre el derecho a la defensa y que tampoco era consecuente anular la audiencia preparatoria de juicio por el cambio de juez, que tuvo el proceso “por fuerzas mayores”.
Aseguró, además, que "estos son casos muy complejos en los que se manejan gran cantidad de pruebas y que no se pueden solucionar en un día, pero esto no significa que se le esté violando el derecho de defensa a su cliente".
Más argumentos de la jueza
La jueza de conocimiento cuestionó, en general, la posición de la defensa del militar que fue retirado de la institución después de conocerse el caso y consideró que "por medio de artimañas se está buscando dilatar el juicio".
A la negativa de la nulidad se sumaron Luisa Velásquez, delegada de la Procuraduría, y Víctor Julio Lozano, de la Fiscalía, quienes aseguraron que en todo el proceso se le habían dado las garantizas y que el cambio de juez solo se había dado por el lamentable asesinato de la juez Gaona.
Según el delegado de la Fiscalía, es de suma gravedad que en lo corrido del proceso el exsubteniente haya tenido ocho abogados lo que -dijo- ha provocado la suspensión de las audiencias en repetidas oportunidades.
La Procuraduría, por su parte, aseguró que el militar siempre ha gozado de las garantías procesales, al igual que del derecho a la defensa.
Al Tribunal Superior de Bogotá
Sin embargo, dada la apelación presentada por el juez del militar frente a la decisión de la juez, ésta envió la solicitud de nulidad al Tribunal Superior de Bogotá, para que esa instancia la resuelva, en el curso de los próximos 30 días.
Después de ese lapso se decidirá si la diligencia pública debe continuar su desarrollo normal e iniciar el descubrimiento de pruebas por parte de la Fiscalía, según las cuales el exmilitar sería el presunto responsable de los delitos de acceso canal violento agravado y homicidio agravado.
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