La Fiscalía General de la Nación investiga si las presuntas interceptaciones realizadas por parte de la Contraloría General en contra de dos periodistas, se habrían realizado a cargo de una compañía externa.
Lo anterior debido a que en la inspección adelantada en septiembre por el ente acusador a las instalaciones de la Contraloría, no se encontraron equipos con la capacidad para interceptar comunicaciones.
Los investigadores del ente acusador, además, explicaron que habría sido la contralora, Sandra Morellí, quien solicitó iniciar una investigación para que se esclarecieran los hechos.
Sin embargo, hace tres meses ella misma recusó las investigaciones que se encuentran a cargo del vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, por lo cual no se han podido hacer mayores adelantos.
Según los investigadores, antes de estancarse las pesquisas, la Fiscalía había citado a siete personas a interrogatorio y había adelantado otras siete entrevistas. Ahora habrá que esperar a que la Sala Plena de la Corte Suprema resuelva el recurso interpuesto por la contralora.
En las diligencias adelantadas se llevó a cabo una inspección especial por parte de miembros del CTI, en la que se trató de recoger pruebas de las presuntas interceptaciones ilegales hechas por la Contraloría a Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco, al igual que la documentación sobre el arrendamiento que hizo la Contralora General de la República de la nueva edificación donde opera actualmente el organismo de control.
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