Han pasado 24 años y aún Colombia no conoce la verdad sobre uno de los hechos más dolorosos y trágicos de la vida de la Nación: la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, por parte del grupo guerrillero M-19.
Para quienes vivimos esos dolorosos días es imposible olvidar la imagen de la tanqueta cascabel penetrando al edificio que albergaba al máximo órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, golpeada en lo más profundo de su corazón con la muerte de once de sus más prestantes miembros.
Los colombianos fuimos testigos impotentes de ese absurdo Holocausto sobre el cual todavía hoy, dos décadas después, hay numerosos interrogantes y dudas que no se despejan. Si el fin de la toma era quemar los expedientes de los extraditables, ¿cuál era el nexo entre ellos y el M-19? ¿Por qué se retiró la guardia del Palacio de Justicia tres días antes de la toma, si se conocían amenazas de los extraditables y de la guerrilla contra la Corte? ¿Qué ocurrió con los empleados de la cafetería, desaparecidos sin ninguna explicación?
Es preciso que no trascurra más tiempo sin llegar a la verdad. Debemos saber qué ocurrió en esas 28 horas oscuras en las que una Corte de oro, y con ella el país, estuvo en el infierno. Pero hay que saber la verdad respecto de todas las partes, la de todos los lados. Los procesos iniciados contra los militares que participaron para repeler el ataque tienen que llevarnos también a determinar qué pasó y cuál fue la responsabilidad en la toma y la defensa, por parte del M-19 y de los extraditables. Y no exclusivamente sobre el actuar del Estado. Sólo a través de un proceso maduro de reconocimiento de errores podremos pasar al perdón y la reconciliación, y así saldar una inmensa deuda de paz con el país.
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