El expresidente del Concejo de Bogotá Hipólito Moreno llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de influencias, en la investigación que se le lleva por su participación en el escándalo del carrusel de la contratación.
Con esto, cesa toda persecución penal contra Moreno por este delito durante alrededor de un año, tiempo en el que se compromete a colaborar con el ente acusador y a servir como testigo en otros procesos que se lleva por este caso. La Fiscalía, por su parte, no le imputará ningún cargo por este delito.
Cuando transcurra este tiempo, el ente investigador evaluará la colaboración y analizará si vale la pena prorrogarlo por más tiempo. Es necesario aclarar que este principio de oportunidad todavía debe ser avalado por un juez.
Actualmente, el ex concejal se encuentra en la Penitenciaría La Picota, luego de que aceptara los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. Por estos dos cargos, Moreno está a la espera de que un juez de Conocimiento le dicte sentencia.
Según el ente acusador, durante el 2009, Moreno actuó en coautoría con el entonces secretario de Salud Héctor Zambrano, teniendo como intermediario al contratista Emilio Tapia, para aceptar "promesas remuneratorias y recibir dinero" que correspondía al 9 por ciento de un contrato de ambulancias en el sector salud que ascendía a los 67 mil millones de pesos.
Para la Fiscalía, tanto Zambrano como Moreno direccionaron el proceso para asegurar que el contrato fuera adjudicado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá.
"Estaba aceptando esa promesa remuneratoria. Estaban recibiendo ese dinero de parte de la Unión Temporal para ejecutar actos contrarios a los deberes oficiales", manifestó el representante de la Fiscalía.
Asimismo, le expresó al ex concejal que "sin su aporte no se hubieran establecido las directrices para estructurar el contrato de ambulancias que al fin resultaría adecuado para que la Unión Temporal ganara la licitación".
Para la Fiscalía, la actuación de Moreno "lesionó la administración pública al no obrar con imparcialidad, pulcritud, transparencia y moralidad en su gestión". Además, se expresó que estos hechos lesionaron el bien jurídico protegido de la Administración Pública "sin justificación alguna".
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