La decisión del ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancur, de entablar una demanda formal contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por sus "falsas afirmaciones" en torno al supuesto pago de prebendas para favorecer la reelección presidencial, profundizó ayer el llamado choque entre el Ejecutivo y el poder Judicial.
La crisis que se desató con la lectura de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la ex representante Yidis Medina, y que para muchos analistas excedió sus límites jurídicos y llegó al plano político, y la posterior respuesta del presidente Uribe, no exenta de duros calificativos contra los magistrados, tiene hoy al país en la disyuntiva sobre lo que sería una nueva elección presidencial.
Aunque la propuesta del Jefe de Estado es la de convocar al Pueblo con un referendo para que decida si se repiten o no las elecciones que lo llevaron al poder en 2006, en la práctica no parece viable.
Según los analistas consultados por este diario, no parece muy claro que se pueda "repetir" una elección como la ocurrida en 2006 porque se necesitaría el mismo escenario político y los mismos candidatos en la contienda. Y nadie imagina a Horacio Serpa, hoy gobernador de Santander, o al mismo presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, dispuestos a medirse a una propuesta como la que lanzó el Presidente.
Y por otro lado, el proyecto de ley debe pasar por el Congreso. Si es aprobado debe ser sometido a revisión de la Corte, lo que podría tardar, por lo menos un año. De ahí, las dudas de muchos sectores sobre el alcance de esa iniciativa que, de superar el trámite, coincidiría casi, en el tiempo, con el proceso electoral de 2010.
Al arribar el viernes en la tarde a Villahermosa, México, el presidente Uribe anunció que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para presentar el proyecto que le dé vía libre al referendo.
Ayer, la Casa de Nariño precisó que la intención del Presidente obedece al "interés de confirmar la legitimidad de su elección", aunque en muchos sectores políticos y académicos no cabe duda de que la elección de Uribe no está en tela de juicio, pues la sentencia de la Corte Suprema lo que cuestiona es la legalidad del acto legislativo que permitió la reelección.
Para el Gobierno, en cambio, la posición de la Corte no le deja otra salida que revalidar la elección de Uribe, a través del Pueblo.
El asesor presidencial José Obdulio Gaviria dijo a los periodistas que si los magistrados de la Corte Suprema han insinuado que "el Presidente se robó las elecciones, pues entonces vamos donde el Pueblo a preguntarle".
Agregó que los comicios sólo buscan "confirmar históricamente que el mandato era válido y que era una gran farsa, una gran mentira", el proceso en el que se pretende inculpar a funcionarios del Gobierno en el presunto pago de dádivas. Gaviria añadió que será el Congreso el que decida si ese proyecto de ley (el que convoca al referendo) le conviene o no al país.
Falsas acusaciones
Y mientras se agitaba el debate político alrededor de convocar al país a un referendo que modificaría en la Constitución las fechas para las elecciones, el ministro de Protección Social y el presidente Uribe acusaban a los magistrados de la Corte Suprema de actuar de manera parcializada en el caso en el que fue condenada la ex representante Medina.
"Encuentro, a lo largo de esa sentencia, unas afirmaciones que no corresponden a la realidad. Unas afirmaciones que son totalmente falsas", dijo el ministro Palacio, al anunciar que demandará ante la Comisión de Acusaciones a los magistrados para que respondan por sus "afirmaciones falsas".
Se refirió de manera particular a Carlos Correa, de quien dice la Corte había sido nombrado por la influencia de Palacio para cumplirle a Medina.
"Desconoce la Corte que Carlos Correa, en la declaración que dio ante la Procuraduría General, que ha dado ante la misma Corte, dice que él no conocía a Yidis Medina, que Yidis Medina no participó en su nombramiento".
A renglón seguido, el Presidente explicó el alcance de su afirmación, hecha un día antes, en el sentido de que la Corte Suprema, aplicaba "justicia selectiva".
Recordó que al comienzo de su gobierno "Salvatore Mancuso, hoy extraditado, dijo que los paramilitares habían elegido el 30, 35 por ciento del Congreso. Ese fue un elemento de indicio, un elemento probatorio para todo el proceso de la parapolitica. Hace no mucho tiempo, Mancuso dijo que tenía infiltrada la CSJ. ¿Por qué esto no se ha investigado?"
Casi al mismo tiempo que Palacio formalizó su denuncia en la Comisión de Acusaciones, el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, hizo lo propio para exigir una investigación que permita establecer las supuestas relaciones de algunos magistrados de la CSJ con el presunto narcotraficante Giorgio Sale.
La Corte Suprema aún no se pronuncia.
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