El proceso judicial por los crímenes del Bloque Bananero de las Auc en Urabá no termina con la sentencia a siete años de prisión contra el exjefe paramilitar Hébert Veloza García. No solo restan delitos por juzgar, sino resolver el problema de los bienes para la reparación a las víctimas.
La Fiscalía se concentrará en "formulación de imputación de cargos por varias masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos de población y casos de violencia sexual" de los Bloques Bananero y Calima, indicó la fiscal Nubia Stella Chávez.
Entre las masacres que esperan juzgamiento y la reparación a las víctimas están la del bar El Aracatazo (Chigorodó), donde paramilitares mataron a 18 personas. Fue el 12 de agosto en 1995. El mismo año perpetraron la otra masacre en La Chinita. La explicación de "HH" es que el barrio era habitado por "auxiliadores de la guerrilla".
Los casos pendientes por centenares de desapariciones forzadas y violencia sexual serán priorizadas por considerarse crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Hébert Veloza declaró al inicio de sus versiones libres ante la Fiscalía (2007 y 2008) que "cuando las muertes empezaron a ser notorias en Urabá, funcionarios, militares y particulares que nos colaboraban pidieron desaparecer los cadáveres. La solución fue enterrarlos en las fosas comunes".
Bienes deteriorados
La sentencia parcial contra Veloza, la primera contra los jefes de las Auc extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y la vigésima de la Ley de Justicia y Paz, confirmó lo que Veloza y la fiscal denunciaron a lo largo del proceso: el deterioro y mala administración de los bienes que entregó para la reparación a sus víctimas.
El magistrado Eduardo Castellanos Roso ordenó en la sentencia contra Veloza investigar por presunto detrimento patrimonial a los directivos de la sociedad de activos que administró apartamentos, edificios, fincas y ganado.
La fiscal Nubia Stella Chávez sostuvo que son 13 bienes entregados por el exjefe paramilitar y que varios presentan deterioro y perdieron valor comercial, "como una casa en Envigado y un edificio en Turbo que le quitaron los baños, las puertas y las ventanas".
En cuanto a las investigaciones que ordena el Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal precisó que, hasta ahora, se dirigían a algunos particulares como bananeros, ganaderos y autoridades. "Sea amplían para investigar a unas 13 empresas de vigilancia (Convivir), exalcaldes y funcionarios de superintendencias que otorgaron licencias".
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