Históricamente ha habido amplia polémica sobre las posibles diferencias de la calidad de la educación en las instituciones oficiales y particulares.
Entre las razones para pesar la balanza en el sector privado, muchos han referido aspectos como la disponibilidad de recursos tecnológicos, el número de alumnos por aula o los ambientes de aprendizaje, factores indudablemente importantes y decisivos en logros satisfactorios de la labor educativa, pero no suficientes para definir la condición de calidad. La razón de fondo no está allí, y menos para el caso de las últimas administraciones de Antioquia y Medellín, que han dado pasos históricos pretendiendo zanjar la deuda social que se tenía con el sector educativo.
Habiendo trabajado durante catorce años en instituciones educativas privadas, puedo marcar una condición decisiva en las posibilidades de una formación de calidad. Que recuerde, era impensable que en aquellos colegios alguien pudiera servir un área académica que no fuera de su especialidad. Los profesores de lengua castellana, por ejemplo, eran licenciados en lengua castellana, y, más que esto, habían sido escogidos entre varios candidatos entrevistados; los profesores de inglés eran especialistas en inglés, y con probada autoridad para ofrecer el área.
Indudablemente, la idoneidad profesional es la condición decisiva para desatar procesos formativos.
Pero en el sector oficial esa garantía es bastante compleja, debido a las directrices del ente estatal. Por política ministerial, la plantilla de docentes de las instituciones educativas oficiales se hace con precisión de calculadora, con dígitos de décimas y centésimas. Para cada grupo de educación básica o media académica asignan 1.6 docentes; si es de media técnica, 1.7; de primaria, 1.0, y de jornada de adultos, 0.9. Pero cuando se hace la distribución de la asignación académica, esa cuenta matemática no da. Finalmente, son muchos los docentes que resultan ofreciendo áreas que no son de su especialidad.
Infortunadamente, muchos maestros se han acostumbrado a ese modo equivocado de administrar la asignación académica. Algunos, incluso, se ufanan de ser "toderos" -que pueden servir todas las asignaturas-. Pero esa sería una capacidad excepcional, pues es imposible saber de todo y contar con la pedagogía adecuada para antojarlo con los estudiantes.
Vale agregar que, de varios países, tanto del viejo mundo como de América Latina, en los que observé sus modos de administración educativa, he captado lo impensable de vincular en el sector educativo personas sin el dominio del área que pretendieran ofrecer.
Una decisión clave que tendría que tomar el Ministerio de Educación y, por lo tanto, las secretarías municipales y departamentales, sería optar por una política estricta de idoneidad de los docentes en cuanto a las áreas que sirven en las instituciones educativas. Para ello valdría la pena observar los modos con los que en otras partes han dirimido esta dificultad.
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