En nombre de las víctimas se puede hacer cualquier cosa. Y, precisamente, por eso, se debe tener mucho cuidado cuando se invoca su representación o su nombre.
En nombre de las víctimas, entre muchas otras cosas, se endurecen las penas, se justifican violaciones al debido proceso y se hacen actos de reconciliación y perdón. En nombre de las víctimas se alteran conceptos y se usan clichés para confundir y timar. Como decía: ¡en nombre de las víctimas se puede hacer cualquier cosa!
El país asiste a una discusión sobre un proyecto de ley para las víctimas que puede resultar confusa para muchos. Al inicio, las víctimas reivindicaban sus derechos y pedían un marco legal para protegerlos. Algunos congresistas respondieron y propusieron un proyecto de ley; éste se debate desde hace meses, mientras las opiniones van y vienen. Las víctimas fueron consultadas (mediante seis audiencias en distintas regiones), pero sus propuestas no fueron recogidas. Después de un rato, surgieron voces críticas y preocupaciones sobre el marco legal que se debatía en el Congreso. En algún momento, esas voces fueron rechazadas y se pidió no escucharlas. Ahora, de manera abierta, hay varias víctimas que rechazan la iniciativa legislativa y manifiestan ya no quererla.
Los cambios que han tenido las manifestaciones de las víctimas en el debate no son arbitrarios ni irracionales. Lo que se discute hoy no es lo mismo que se discutía en diciembre del año pasado. El clamor de las víctimas por un marco legal no es un pedido de cualquier texto; es un pedido consciente de una ley que contribuya genuinamente a la protección de sus derechos. Seis mil víctimas enviaron cartas al Congreso manifestando que la ley que querían era otra, no la que considera la Cámara de Representantes actualmente.
El estudio del texto de este proyecto de ley debería tener el más alto nivel y centrarse de manera técnica en las mejores formas para reconocer a las víctimas y restablecer sus derechos. El fondo de esta iniciativa legislativa es una discusión sobre la relación que el Estado quiere tener con las víctimas colombianas y la manera más apropiada para restablecer lazos de confianza cívica en un país partido.
El texto del proyecto considerado ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes contiene lógicas de exclusión a ciudadanos cuyos derechos fueron violados por agentes estatales y devaluación de estándares de protección y asistencia ya obligatorios en el marco legal colombiano. Además, la propuesta institucional para la implementación de las normas es precaria y la estructura institucional contemplada en el proyecto introduce muchas de las deficiencias que existen en otros sistemas de "atención integral", como el de desplazados. ¡No hay que repetir los errores!
La experiencia internacional ha ratificado una y otra vez que "uno de los factores cruciales en el cómo se buscan y son aceptadas las reparaciones será cómo los individuos perciban que su sufrimiento está siendo entendido, aceptado y reconocido en el contexto social y político". (B. Hamber, 2006.)
Inevitablemente, recuerdo las palabras de un líder campesino de la Costa Atlántica cuando hace varios meses le pregunté por sus expectativas: "Mientras que se habla de reparación y reconciliación, los desplazados siguen en su caminadera, buscando sus derechos".
¡Seriedad en el debate, honorables, y escuchemos las voces de las víctimas! Es hora, ¿no creen?
No hagamos cualquier cosa. Hagamos una ley a la medida de los derechos y necesidades de las víctimas. Quizás sea el momento de regresar al diseño del proyecto de ley de manera técnica y no someter estas decisiones tan importantes a un pulso político en el que se impone la fuerza.
* Director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia y Profesor de la Universidad Externado de Colombia.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
